La defensa de Jesica Cirio denuncia extorsiones tras la filtración de filmaciones con dólares

Policiales21/06/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El entorno legal de la conductora afirmó que el material audiovisual guardado en San Vicente fue obtenido mediante el hackeo de claves de seguridad y que existe una presentación penal en la fiscalía.

Jésica Cirio
Jésica Cirio

El entorno técnico que asiste a la conductora televisiva busca neutralizar el impacto de las imágenes que registran acopio de moneda extranjera en bolsas plásticas, intentando desplazar el eje de la causa penal hacia una presunta maniobra de chantaje de carácter sistemático. Los asesores letrados de la imputada afirman que las secuencias fílmicas obtenidas en el interior de un vestidor residencial forman parte de un expediente por coacción que lleva dieciocho meses bajo investigación en los tribunales ordinarios. La estrategia de los abogados apunta a demostrar que las pruebas que comprometen el patrimonio del ex-intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de su ex-esposa, Jesica Wanda Judith Cirio, llegaron a manos de terceros mediante la comisión de delitos informáticos complejos.

La hipótesis del hackeo digital cobró fuerza tras las declaraciones de los apoderados de la mediática, quienes sostienen que las capturas de video correspondientes al período temporal del año 2023 debieron ser extraídas de servidores de almacenamiento virtuales sin consentimiento previo. Las claves de acceso a los dispositivos de resguardo personal no eran compartidas por la conductora con colaboradores ni familiares directos, situación que robustece la teoría de una intrusión cibernética delictiva. De acuerdo con el planteo de la defensa, la obtención ilegítima de los archivos informáticos se ejecutó con el propósito específico de forzar voluntades económicas antes de que los archivos tomaran estado público en los medios de comunicación de Buenos Aires.


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El espacio físico donde se registraron las filmaciones peritadas se ubica en el núcleo habitacional principal de la residencia que el ex-matrimonio compartía en la periferia sur del conurbano bonaerense, específicamente dentro del desarrollo inmobiliario Fincas de San Vicente. Las imágenes exhiben un perímetro rectangular dispuesto detrás del respaldar de la cama matrimonial, sector que correspondía al guardarropas personal de la modelo y que funcionaba como bóveda transitoria para el resguardo de los bolsos con divisas. Los investigadores judiciales analizan si ese cuadrante específico de la vivienda contaba con medidas de seguridad adicionales para evitar la detección visual por parte del personal de servicio doméstico de la propiedad.

La tasación del inmueble donde se produjeron los registros audiovisuales aporta datos relevantes sobre los estándares de vida y el volumen patrimonial de los investigados en la causa por presunto lavado de activos. La edificación principal se encuentra emplazada sobre una parcela de importantes dimensiones geográficas y dispone de una distribución en planta baja que alberga múltiples dormitorios, dependencias de higiene personal, cocina integrada y comedor diario de uso familiar. El complejo residencial se complementa con un gimnasio privado completamente equipado, dos áreas de cochera cubiertas para vehículos de alta gama, lavadero industrial y dos habitaciones destinadas al personal de asistencia permanente.


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Los peritajes de la infraestructura exterior de la finca revelaron la presencia de instalaciones de esparcimiento de alto costo de mantenimiento, entre las que destaca un natatorio climatizado que presenta en su fondo el escudo heráldico del club Banfield. El parque periférico cuenta además con un quincho de amplias dimensiones para reuniones sociales, una cancha de fútbol con césped profesional y un sistema de paneles solares destinados a la generación de energía eléctrica alternativa para el autoconsumo de la vivienda. Toda esta estructura residencial quedó expuesta tras la divulgación de las imágenes obtenidas por el periodista Diego Cabot, complicando los esquemas de justificación de ingresos de la familia.

La trama de los aprietes mafiosos se remonta a una reunión confidencial desarrollada hace un año y medio, oportunidad en la que un grupo de personas cuya identidad permanece bajo reserva judicial expuso la existencia de los archivos de video ante los afectados. En ese encuentro, los portadores del material audiovisual manifestaron de forma explícita que disponían de las herramientas comunicacionales necesarias para destruir la consideración pública y la carrera comercial de los ex-esposos mediante la difusión masiva de las secuencias. Esta situación motivó la radicación de una denuncia penal formal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal, trámite que antecedió a la actual filtración en los medios especializados.


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“Hace un año y medio que la extorsionan con ese video. Es decir que debería haber accedido a su contenido ilegítimamente porque ella no compartía sus claves”, detalló la representación legal de la conductora mediática al ser consultada sobre las circunstancias del hallazgo de las filmaciones. El equipo de abogados defensores insiste en que las amenazas buscaban condicionar el comportamiento de los imputados en las semanas previas a los procesos electorales del año 2023. El origen y la tenencia de las bolsas con dólares, no obstante, continúan siendo el principal requerimiento informativo de las fiscalías federales que tramitan las causas de corrupción en la provincia de Buenos Aires.

Las derivaciones políticas de la filtración impactan de forma directa en el andamiaje del justicialismo de la tercera sección electoral, debido al rol de conductor que ejercía el ex-jefe de Gabinete provincial en los distritos del sur del Gran Buenos Aires. Las repercusiones en las plataformas digitales obligaron a los equipos de campaña a revisar el impacto de las suntuosas comodidades de la quinta de San Vicente en el electorado de menores recursos de Lomas de Zamora. Los lazos comerciales y societarios del ex-matrimonio son sometidos a un rastreo pormenorizado por parte de las unidades de información financiera para determinar si la construcción de las dependencias de lujo guarda correlación con las declaraciones juradas oficiales.

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