Trump suma poder para expulsar migrantes, pero la Justicia también le impone nuevos límites
Actualidad23/06/2026
REDACCIÓNDos decisiones judiciales tomadas el mismo día modificaron el escenario migratorio en Estados Unidos. Una amplía las deportaciones y otra restringe procedimientos del ICE.
La política migratoria de Donald Trump recibió este martes señales judiciales en direcciones distintas. Mientras un tribunal federal habilitó nuevamente una herramienta que permite acelerar expulsiones de inmigrantes en todo el territorio estadounidense, otra resolución bloqueó una práctica utilizada por agentes migratorios dentro de los tribunales de inmigración.
Las decisiones llegaron desde distintos niveles del sistema judicial y dejaron una fotografía compleja sobre el alcance de las facultades del Gobierno federal. En un caso, la administración obtuvo respaldo para ampliar mecanismos de deportación. En otro, encontró obstáculos para ejecutar parte de su estrategia de control migratorio.
El pronunciamiento más favorable para la Casa Blanca surgió en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde una mayoría de dos jueces contra uno autorizó la reanudación de las llamadas “expulsiones aceleradas”. Se trata de un procedimiento que permite remover inmigrantes sin una audiencia previa ante un juez de inmigración.
La medida había estado históricamente vinculada a personas detenidas cerca de la frontera. Sin embargo, durante su segundo mandato Trump ordenó que el mecanismo pudiera aplicarse también en otras regiones del país a extranjeros que no lograran demostrar una permanencia superior a dos años en territorio estadounidense.
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La resolución judicial respaldó esa interpretación. El juez Justin R. Walker, acompañado por la magistrada Neomi Rao, consideró que la política en sí misma no vulnera derechos constitucionales. En su voto escribió: “La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…”.
La decisión respondió a una demanda promovida por la organización Make the Road New York, que sostenía que la orden presidencial afectaba garantías vinculadas al debido proceso. Para la mayoría del tribunal, esa objeción no quedó acreditada. Walker afirmó además que la directriz no priva a los inmigrantes “de una oportunidad significativa de ser escuchados”. La discusión judicial no terminó allí. El juez Robert L. Wilkins, quien votó en disidencia, sostuvo que los organismos migratorios no habían logrado desmentir denuncias sobre deportaciones de personas que residían en Estados Unidos desde hacía más de dos años, un punto central dentro de la controversia.
Ese mismo día, otra decisión relevante llegó desde la Corte Suprema, que intervino en un expediente relacionado con residentes permanentes. El máximo tribunal respaldó la posición del Gobierno en una causa iniciada por Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo residencia legal en 2007 y posteriormente enfrentó un proceso de expulsión.
El caso se originó a partir de una acusación por falsificación de ropa formulada en 2012. Tras salir temporalmente del país y regresar, Lau ingresó bajo libertad condicional mientras la causa seguía abierta. Luego de declararse culpable, el Gobierno avanzó con un procedimiento migratorio simplificado que terminó derivando en una batalla judicial.
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En el fallo, el juez Clarence Thomas sostuvo que los agentes fronterizos no estaban obligados a demostrar “con pruebas claras y convincentes” que el inmigrante hubiera cometido un delito que implicara automáticamente la pérdida de la residencia permanente. La mayoría concluyó que existían fundamentos suficientes para encuadrar el caso dentro de las excepciones previstas por la legislación migratoria. Sin embargo, la jornada también dejó un revés para las autoridades migratorias. Desde California, el juez federal P. Casey Pitts amplió a todo el país una prohibición que impide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar arrestos dentro de los tribunales de inmigración.
La resolución alcanza tanto a los operativos realizados en pasillos de juzgados como a determinadas prácticas posteriores a las audiencias. El magistrado cuestionó la fundamentación de las políticas aplicadas por los organismos involucrados y escribió: “ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones, el Tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa”.
La combinación de estos fallos deja abierto un escenario donde la administración Trump conserva herramientas para ampliar deportaciones en distintas zonas del país, pero enfrenta restricciones concretas sobre la manera en que algunos procedimientos pueden ejecutarse. La disputa judicial alrededor de la política migratoria estadounidense continúa desarrollándose en varios frentes al mismo tiempo.
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