Kicillof acusa a Luis Caputo de dejar obras bonaerenses sin crédito externo
Política23/06/2026
REDACCIÓNLa Provincia sostiene que Nación niega avales para préstamos ya comprometidos, mientras otros distritos reciben garantías para infraestructura.
Las obras hídricas, cloacales y de saneamiento que la provincia de Buenos Aires proyecta ejecutar con créditos internacionales quedaron en el centro de un nuevo cruce político con la Casa Rosada. El gobierno de Axel Kicillof denunció que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, no autoriza los avales necesarios para usar fondos ya comprometidos con organismos multilaterales. La Provincia plantea que no reclama dinero del Tesoro nacional, sino una habilitación administrativa indispensable para activar financiamiento externo.
El reclamo bonaerense se apoya en una diferencia que el Ejecutivo provincial busca remarcar con fuerza. La gestión de Kicillof asegura que tiene recursos propios y líneas de crédito internacionales disponibles, pero sostiene que esos préstamos requieren aprobación nacional por normas legales y procedimientos internacionales. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, sintetizó el planteo al afirmar que “hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional”.
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La discusión no se limita a una obra puntual ni a un expediente aislado. Según la Provincia, el paquete comprometido supera los 1.100 millones de dólares en seis proyectos principales, sin contar el túnel aliviador hacia el Río de la Plata y otros conductos aliviadores. Dentro de ese esquema aparecen obras de infraestructura hídrica, saneamiento, agua potable y ampliaciones necesarias en distintas zonas del territorio bonaerense.
Entre los proyectos mencionados figuran la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata y la ampliación de la capacidad del río Salado. También se incluyen intervenciones hidráulicas en distintos municipios, una nueva planta potabilizadora y obras en la cuenca del río Luján. La Provincia advierte que cada una de esas iniciativas depende de autorizaciones o prórrogas de financiamiento internacional que no puede ejecutar sin el aval del Gobierno nacional.
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Uno de los casos más sensibles es la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La obra alcanza a alrededor de 1 millón de habitantes, entre ellos 335.289 vecinos de Quilmes, y combina canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes remarcan que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, una definición que une el impacto local con la disputa por los avales nacionales.
La diputada provincial Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, llevó ese proyecto a espacios internacionales de discusión urbana. Esta semana participa en Marruecos del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde expone el impacto municipal de la intervención sobre los arroyos. Meses atrás también viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, en una búsqueda de financiamiento que se enlaza con la discusión interna del peronismo bonaerense.
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El planteo de Kicillof se suma a reclamos de otras provincias, aunque Buenos Aires coloca el foco en una supuesta desigualdad de trato. Córdoba, Santa Fe y jurisdicciones del Norte empujan demandas vinculadas a fondos y coparticipación, mientras la administración bonaerense denuncia que Nación sí habilitó créditos internacionales para otros distritos. Katopodis sostuvo que “es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”.
La comparación que hace la Provincia apunta a autorizaciones nacionales otorgadas entre 2024 y 2026. Según el gobierno bonaerense, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones recibieron garantías para obras de infraestructura, desarrollo productivo y servicios esenciales. El esquema señalado por Buenos Aires equivale a 1.973 millones de dólares en créditos internacionales aprobados para otras jurisdicciones.
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Entre los ejemplos que cita la Provincia aparecen el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de Salta, respaldado por el BID por 50 millones de dólares, y el Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, financiado por la CAF por 40 millones de dólares. Jujuy recibió aval para el PROMACE II por 60 millones de dólares, mientras Neuquén obtuvo autorización para un programa de equilibrio y desarrollo territorial por 100 millones de dólares. Chaco, Río Negro y Mendoza también figuran entre los distritos con garantías nacionales para proyectos viales, territoriales, de emergencia o de agua potable.
La lista que difunde el Ejecutivo bonaerense incluye además el acueducto Santa Fe-Córdoba, con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo, y nuevos programas autorizados para Córdoba, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos. Córdoba recibió aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de su capital, Santa Fe accedió a fondos para actividad deportiva urbana y logística metropolitana, Misiones para infraestructura eléctrica y Entre Ríos para desarrollo agroalimentario. Esa acumulación de casos refuerza la acusación bonaerense de que la exclusión no responde a falta de proyectos ni de financiamiento disponible.
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Katopodis buscó separar el conflicto de una demanda presupuestaria directa contra la Nación. El ministro afirmó: “No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación”, y remarcó que Buenos Aires necesita avales para usar créditos con organismos multilaterales. La frase resume la estrategia política del gobierno provincial: presentar el bloqueo como una decisión de Caputo que condiciona obras ya diseñadas, antes que como una discusión sobre transferencias discrecionales.
El límite inmediato está puesto en los plazos de los préstamos y en las prórrogas que deben tramitarse. La Provincia sostiene que hay créditos que vencen este año, otros que necesitan renovación y algunos que llegarán a 2027 con la misma dependencia del aval nacional. Sin esa autorización, las obras quedan atadas a una definición política del Ministerio de Economía, aun cuando los proyectos, los organismos financiadores y los montos ya estén identificados.
Fuente: Infobae
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