El fallo de la Corte sobre universidades complicó al Gobierno y expuso fracturas internas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y el impacto dentro del Gobierno fue inmediato.

 El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, generó una ola de preguntas internas sobre quiénes diseñaron la estrategia judicial y por qué falló. En Balcarce 50 las quejas apuntan a operadores específicos que prometieron un resultado distinto.

El costo económico del cumplimiento de la normativa es uno de los factores que más preocupa en la administración de Javier Milei. Según fuentes del propio oficialismo, la actualización de fondos para las casas de estudio implica una erogación de 1,3 billones de pesos. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido públicamente que no existían partidas disponibles para afrontar esa obligación, aunque tras el fallo comenzó a recalcular los números.

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El ministerio de Capital Humano había construido, según fuentes libertarias, diálogos fluidos con los rectores universitarios orientados a reemplazar la ley vigente por una nueva normativa más alineada con el equilibrio fiscal. Ese proyecto alternativo contaba con respaldo en sectores del oficialismo que lo consideraban urgente. Sin embargo, el texto nunca alcanzó velocidad de tratamiento en el Congreso, y esa demora hoy es uno de los puntos más cuestionados dentro de la coalición.

Las miradas críticas dentro de La Libertad Avanza convergen en la figura de los operadores judiciales cuya órbita de influencia está ligada al ministerio de Justicia. La lectura que circula en el oficialismo es que esos actores apostaron por un desenlace favorable de la Corte y frenaron el avance legislativo como consecuencia de esa apuesta. Ciertas autoridades parlamentarias también son señaladas por haber actuado en sintonía con ese plan.

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El plan de los operadores judiciales tenía un horizonte claro: esperar que la Corte Suprema le diera al Gobierno un guiño político que le permitiera ganar tiempo frente al conflicto universitario. Con mucho optimismo, según fuentes cercanas al proceso, se encargaron de vender que la Corte le iba a entregar un gesto a la administración Javier Milei para darle aire. Ese cálculo resultó equivocado, y la decisión del tribunal sepultó la expectativa.

El fallo tiene además una dimensión procesal que el tribunal utilizó para no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Los tres ministros firmantes consideraron que el planteo del Estado para suspender la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. De esa manera, la Corte evitó pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25 y se limitó a resolver una cuestión procesal. Esa decisión de esquivar el debate de fondo deja abierta la disputa para instancias posteriores.

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Un elemento que agrava la situación para el oficialismo es que el fallo llegó pocos días después de que el Gobierno había alcanzado un acuerdo parcial con las universidades para avanzar en el cumplimiento de la ley de financiamiento. Esa negociación fue presentada como un avance concreto en las relaciones entre la administración y el sistema universitario. El hecho de que la Corte igualmente ratificara la cautelar muestra que el acuerdo no alcanzó para modificar el curso judicial.

El ministerio de Economía enfrenta ahora la tarea concreta de encontrar fuentes de financiamiento en un presupuesto ajustado. Caputo, quien había sido categórico en señalar la falta de fondos disponibles, deberá presentar una hoja de ruta sobre cómo el Estado cumplirá la obligación impuesta por la cautelar. Las tensiones entre el objetivo de equilibrio fiscal y el mandato judicial configuran uno de los dilemas más complejos que enfrenta la gestión en materia de política universitaria.

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El episodio pone en evidencia una dinámica que ya había asomado en otras áreas del Gobierno: las decisiones estratégicas tomadas por operadores sectoriales sin suficiente coordinación pueden derivar en costos políticos y económicos difíciles de absorber. La ausencia de un proyecto legislativo consolidado sobre financiamiento universitario, en un contexto de conflicto abierto con las casas de estudio, dejó al Ejecutivo dependiendo de un resultado judicial que finalmente no llegó. El debate sobre quién condujo mal esa estrategia recién comienza dentro de La Libertad Avanza.