Adorni gastó $5,8 millones en equipos gamer con tarjetas de sus empleados

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva el fiscal federal Gerardo Pollicita suma un nuevo capítulo contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Una investigación de La Nación reveló que el funcionario adquirió equipamiento de entretenimiento de alta gama por un total de $5.848.589, cifra que supera el sueldo mensual que percibía en agosto de 2025, estimado en $3,5 millones. El mecanismo elegido para financiar esas compras resulta, para los investigadores, tan llamativo como el monto en sí.

El esquema funcionó de la siguiente manera: las operaciones se iniciaron desde la cuenta personal de Adorni en Mercado Pago, pero los débitos efectivos se realizaron contra las tarjetas de crédito de dos funcionarios de la Vocería Presidencial. Una de ellas pertenece a Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales; la otra, a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno. Ninguno de los dos aparece como beneficiario declarado de las compras.

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El equipo adquirido a través de la tarjeta de Schiuma es un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas con aplicaciones de Xbox integradas, pagado el 19 de agosto por $2.184.999,05. Con la tarjeta de Aluju se compraron dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, comprados el 13 de agosto a $1.831.795 cada uno. Los tres artículos responden al segmento de entretenimiento y videojuegos de nivel premium.

El uso de tarjetas de subordinados para financiar consumos personales agrega una arista nueva al expediente judicial, que ya venía acumulando señales de opacidad financiera. El fiscal Pollicita analiza inconsistencias patrimoniales, el empleo de dólares en efectivo para remodelaciones y la realización de viajes costosos que el funcionario no habría podido solventar con sus ingresos declarados. La suma de esos elementos configura el núcleo de la imputación por enriquecimiento ilícito.

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Días antes de que trascendiera la información sobre las compras electrónicas, Adorni había intentado dar explicaciones por los 513.000 dólares que tiene en su poder. El argumento fue que esos fondos provienen de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, un período en que el funcionario no ocupaba ningún cargo público. Los investigadores evalúan si esa justificación se sostiene con la documentación aportada y si es consistente con el resto del cuadro patrimonial relevado.

Sin embargo, el flanco más sensible del expediente no pasa por las criptomonedas sino por la figura de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario omitió incluir los bienes de su cónyuge. Esa omisión no fue un error menor: el propio Adorni había justificado previamente el salto en su nivel de vida apelando a los ingresos de Angeletti como fuente legítima de recursos familiares.

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Los investigadores consideran que el patrimonio de Angeletti es una pieza central del expediente, precisamente porque la defensa del funcionario descansa en parte sobre esa figura. Si los ingresos de la esposa explican el estilo de vida, entonces su declaración patrimonial debería estar disponible para el análisis judicial. La ausencia de esos datos en la presentación oficial convierte a esa omisión en uno de los puntos de mayor atención para la fiscalía.

El patrón que emerge del conjunto de indicios —consumos cargados en tarjetas ajenas, dólares en efectivo sin justificación clara, viajes onerosos y una declaración jurada incompleta— es el que sostiene la hipótesis de enriquecimiento ilícito. No se trata de hechos dispersos sino de una serie de movimientos que, evaluados en conjunto, presentan dificultades serias para ser explicados por los ingresos formales del cargo. Cada nueva revelación amplía el perímetro de lo que la justicia deberá acreditar o descartar.

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La investigación de La Nación que expuso las compras electrónicas se suma a una secuencia de informes que viene acumulando presión sobre el jefe de Gabinete desde hace semanas. Adorni no emitió declaraciones públicas específicas sobre el uso de las tarjetas de Schiuma y Aluju para cubrir sus adquisiciones de equipamiento. La causa judicial continúa su curso con el fiscal Pollicita al frente, y los tiempos procesales determinarán cuándo —y si— el funcionario deberá responder formalmente ante la Justicia.