Hugo Sigman llega a Comodoro Py por las vacunas que compró el Estado en pandemia

Policiales29/06/2026

El empresario farmacéutico deberá responder ante Ariel Lijo por una causa que revisa contratos, demoras y decisiones estatales durante la pandemia.

La cita de Hugo Sigman en Comodoro Py coloca a un empresario farmacéutico en el centro de una investigación que revisa decisiones estatales tomadas durante la emergencia sanitaria. Este lunes 29 de junio, el juez Ariel Lijo lo espera para una declaración indagatoria por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19. La audiencia puede convertirse en un punto sensible del expediente, porque la fiscalía ubica al empresario como una pieza relevante dentro de la trama bajo análisis.

La causa no se limita a una discusión sobre precios, contratos o fechas administrativas. El expediente busca determinar si existió un plan deliberado del Estado para favorecer determinados intereses económicos vinculados con la producción y adquisición de vacunas. La hipótesis fiscal incorpora una consecuencia directa sobre la salud pública, porque sostiene que esas decisiones pudieron afectar la disponibilidad temprana de dosis en el país.

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Sigman debía presentarse originalmente durante mayo, pero su defensa solicitó una postergación de la audiencia. La Justicia aceptó el pedido y reprogramó la indagatoria para fines de junio, con fecha fijada para este lunes. Ese aplazamiento dejó la declaración del empresario para una etapa en la que el expediente ya reúne nombres políticos, funcionarios sanitarios y decisiones comerciales tomadas durante la pandemia.

La investigación también alcanza a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, entre ellos la exministra de Salud Carla Vizzotti. La presencia de esas figuras en el expediente amplía el alcance político de la causa y desplaza el análisis hacia la relación entre administración pública, laboratorios y criterios sanitarios. La Justicia intenta reconstruir si las contrataciones respondieron a una estrategia sanitaria legítima o si existieron preferencias indebidas dentro del Estado.

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El fiscal Carlos Stornelli sostuvo en su requerimiento que el Gobierno nacional rechazó una propuesta inicial del laboratorio Pfizer. Esa oferta, presentada en agosto de 2020, contemplaba la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina. La acusación contrasta esa posibilidad con los contratos que luego se firmaron para adquirir vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

Los convenios mencionados por la fiscalía quedaron fechados el 6 de noviembre de 2020, el 9 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021. Las primeras entregas significativas de esas vacunas comenzaron recién entre marzo y abril de 2021, según la acusación incorporada al expediente. Ese cruce entre la oferta inicial de Pfizer, las fechas de contratación y la llegada posterior de dosis sostiene una de las líneas más delicadas de la investigación.

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Stornelli consideró que, si el Gobierno impulsaba las negociaciones con Pfizer desde un primer momento, la Argentina presuntamente podía acceder a una cantidad importante de vacunas con varios meses de anticipación. La imputación no se apoya solo en el rechazo de una propuesta, sino también en el tiempo que tomó cerrar y recibir las alternativas elegidas. La pregunta judicial apunta a saber si esa demora respondió a criterios técnicos o a intereses económicos ajenos al interés sanitario.

El expediente también examina el recorrido documental de las negociaciones con Pfizer dentro del Estado. La fiscalía sostiene que los expedientes vinculados a ese laboratorio fueron ocultados y administrados de manera desordenada en el sistema electrónico GEDO, utilizado por la administración pública. Según la acusación, esos documentos permanecieron durante meses en distintos despachos oficiales sin una justificación técnica que explicara ese movimiento interno.

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Para la fiscalía, Sigman constituye el denominador común de la red investigada. Ese señalamiento se cruza con el rol de Sonia Tarragona, quien participó en las negociaciones con Pfizer en representación del Estado y fue directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. La Fundación Mundo Sano es presidida por Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman, un vínculo que forma parte de los elementos revisados por la Justicia.

La indagatoria le dará a Sigman la posibilidad de responder a las acusaciones formuladas en el expediente. También podrá ejercer su derecho a no declarar, una alternativa prevista para cualquier persona citada en esa instancia procesal. La audiencia no define por sí sola responsabilidades penales, pero permite al juez incorporar la posición del empresario frente a la hipótesis que impulsa la fiscalía.

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Lijo continuará reuniendo pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de contratación de vacunas durante la emergencia sanitaria. La causa conserva un peso político y sanitario porque vuelve sobre decisiones tomadas en uno de los momentos más críticos de la pandemia. El límite pendiente está en la prueba: la Justicia deberá establecer si las demoras, los vínculos y los contratos configuran delito o quedan dentro del margen de decisión estatal.

Fuente: NA.