Una comisión técnica definirá qué viviendas pueden volver a ocuparse, con 189 edificios colapsados, 585 dañados y 38 hospitales afectados.
Miles de sobrevivientes en Venezuela esperan una respuesta que no depende solo de retirar escombros, sino de saber si sus casas siguen en pie de manera segura. El Gobierno a cargo de Delcy Rodríguez creó una comisión presidencial para evaluar la habitabilidad de viviendas y la usabilidad de infraestructura estratégica en las zonas más golpeadas por los terremotos. La decisión apunta a ordenar el regreso, la evacuación o la asistencia transitoria según el estado real de cada edificio.
La medida nace en un punto crítico de la emergencia: muchas construcciones quedaron dañadas, pero todavía deben ser clasificadas por técnicos antes de que sus habitantes intenten volver. Delcy Rodríguez admitió que “hay mucho temor” entre los sobrevivientes, una frase que explica por qué la inspección no será solo administrativa. La población necesita saber qué estructuras resisten, cuáles requieren reparación y cuáles ya no pueden ocuparse.
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La mandataria anunció la creación del organismo después de una reunión con el alto mando político. “Hemos decidido crear la comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de viviendas y también de infraestructura”, dijo a través de la televisión estatal. El mensaje buscó instalar una instancia técnica en una emergencia donde el daño visible no alcanza para definir el nivel de riesgo.
El ingeniero Francisco Garcés presidirá la comisión, que tendrá una integración amplia. Participarán los ministerios de Hábitat y Vivienda y de Obras Públicas, los colegios de ingenieros, el cuerpo de ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expertos en sismología, cámaras de construcción y universidades del país. La composición muestra que la evaluación deberá combinar obra pública, conocimiento sísmico, capacidad técnica y decisiones urgentes sobre viviendas dañadas.
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El mecanismo previsto será un semáforo de alertas para clasificar las edificaciones parcialmente afectadas. Esa herramienta permitirá determinar si una vivienda puede ser habitada, si requiere restricciones o si debe quedar fuera de uso. El semáforo técnico será decisivo para familias que hoy enfrentan una incertidumbre concreta: volver a casa puede ser una necesidad, pero también un riesgo.
Los primeros datos oficiales muestran la escala del trabajo pendiente. Desde Caracas informaron que 774 edificios sufrieron graves daños, de los cuales 189 tuvieron colapso total y 585 registraron colapso parcial o daños estructurales. La cifra obliga a un operativo de revisión masivo, porque cada inmueble dañado representa familias, servicios, accesos y posibles riesgos secundarios.
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La infraestructura sanitaria aparece entre las prioridades más sensibles. El reporte oficial indicó que 38 hospitales resultaron afectados y que las reparaciones avanzan con urgencia. Ese dato agrava la dimensión operativa de la emergencia, porque el sistema de salud debe atender a damnificados mientras parte de su propia estructura necesita controles, reparaciones y condiciones seguras de funcionamiento.
La comisión de habitabilidad no será la única respuesta institucional. Delcy Rodríguez también designó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al frente de otra comisión presidencial orientada a crear campamentos transitorios de manera inmediata. Esa segunda línea de trabajo apunta a resolver el alojamiento de quienes no puedan regresar a sus viviendas o deban esperar una evaluación técnica definitiva.
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El plan de campamentos se completa con la elaboración y planificación de proyectos para construir viviendas en un plazo corto. Esa tarea va más allá de la urgencia inicial y entra en una etapa de reconstrucción habitacional. La emergencia obliga a decidir al mismo tiempo dónde dormirán los damnificados hoy y qué solución habitacional tendrán quienes perdieron sus casas.
La evaluación de infraestructura estratégica también será determinante para sostener servicios básicos, circulación y atención pública. Los terremotos dañaron edificios, hospitales y estructuras que forman parte del funcionamiento cotidiano de las ciudades afectadas. Por eso, el relevamiento no puede limitarse a viviendas particulares: cada escuela, hospital, dependencia o instalación crítica condiciona la recuperación de la vida diaria.
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El temor social, los daños estructurales y la necesidad de refugios transitorios forman una misma trama. La población necesita certezas rápidas, pero las decisiones apuradas pueden exponer a nuevas tragedias si los edificios no resisten réplicas o fallas ocultas. El límite pendiente estará en la capacidad del Estado para revisar cada estructura con rigor, alojar a quienes no puedan volver y reconstruir sin habilitar riesgos innecesarios.
Fuente: NA.
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