Nación interviene en la paritaria de Santa Cruz para destrabar el conflicto policial
Actualidad01/07/2026
REDACCIÓNUna funcionaria del Gobierno nacional participó de la reunión paritaria por videoconferencia y exigió suspender las medidas de fuerza.
La paritaria entre el Poder Ejecutivo de Santa Cruz y el personal de seguridad incorporó un actor político de rango federal para mediar en las discusiones salariales. La directora nacional de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano participó de manera directa en las deliberaciones que mantiene el Gobierno provincial con la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria. La irrupción de la órbita nacional busca establecer un puente técnico en medio de un escenario de fuerte distanciamiento económico entre las partes involucradas.
La funcionaria nacional, Mara Montero, tomó contacto con los delegados mediante el sistema de videoconferencia al inicio de las sesiones paritarias en la sede gubernamental. El objetivo primordial de la funcionaria civil se centró en escuchar los argumentos técnicos que sostienen el reclamo de recomposición de los haberes y los límites que aduce la administración provincial. Su participación marca una etapa de monitoreo directo de la Casa Rosada sobre las condiciones de estabilidad de la provincia patagónica.
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"Cada proyecto energético tiene su propia ley para dar certeza a inversores que desconfían del país"Las demandas de la cartera laboral nacional apuntaron de forma explícita a la normalización de los servicios de seguridad en el territorio santacruceño. Mara Montero solicitó el levantamiento de las medidas de fuerza vigentes como condición fundamental para dar sustentabilidad a las negociaciones. El planteo del área federal busca quitar presión al debate sectorial, permitiendo que la conducción provincial reformule los esquemas de erogación previstos para las fuerzas de seguridad de la jurisdicción.
La representación del Estado provincial mantuvo su línea argumental respecto a la restricción presupuestaria que afecta a las arcas locales en este período. Las autoridades santacruceñas transmitieron a la delegada del Ministerio de Capital Humano que el Poder Ejecutivo se encuentra realizando "el mayor esfuerzo posible" para diagramar un porcentaje de mejora viable. La posición oficial busca evitar compromisos financieros que pongan en riesgo el cumplimiento regular de las pautas de coparticipación y gastos corrientes.
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La respuesta de los representantes gremiales nucleados en la entidad policial mantiene un sesgo de disconformidad ante la falta de una planilla con números actualizados. Los uniformados ingresaron al encuentro con la expectativa de revisar planillas de haberes modificadas, situación que no se concretó durante el debate virtual. El sector operativo de las comisarías y los penales evalúa que las escalas vigentes sufren un desfasaje pronunciado respecto a los costos de la canasta básica de la Patagonia austral.
La conducción que agrupa a los agentes provinciales oficializó mediante un reporte interno las prioridades técnicas que sostendrán ante los mediadores. El agrupamiento gremial remarcó que las bases continuarán esperando "una propuesta concreta que represente un verdadero avance" en el básico de la actividad. La postura de los delegados condiciona la desactivación total de los planes de protesta a la aparición de sumas que impacten de forma real en el escalafón jerárquico.
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La falta de entendimiento inmediato derivó en el establecimiento de un intervalo formal en las deliberaciones paritarias. Las delegaciones resolvieron pasar a un cuarto intermedio técnico hasta este miércoles 1 de julio a las 17 horas, momento en que deberán reactivar los intercambios presenciales. La urgencia por alcanzar un punto de concordancia obedece al impacto directo que tiene la preservación de la seguridad interna en las principales localidades santacruceñas.
La administración de la provincia vecina asumió un compromiso formal de reestructuración económica que presentará ante los delegados en la reanudación del diálogo. Las áreas técnicas de economía provincial trabajan contrarreloj en la formulación de una escala superadora que contemple el reclamo del personal subalterno y de la oficialidad. La viabilidad del acuerdo depende del porcentaje de inyección presupuestaria que la provincia esté dispuesta a asignar a las partidas específicas de seguridad pública.
El desenlace de esta mediación mixta condicionará la relación institucional entre el gremialismo policial y la conducción política durante el próximo semestre. La presencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación actúa como un factor de contención técnica, pero introduce una fuerte exigencia a la gestión santacruceña para resolver sus pasivos internos. Las próximas horas resultarán determinantes para establecer si la oferta en revisión alcanza el piso mínimo indispensable exigido por los representantes de la fuerza de seguridad.
Fuente: La Opinión Austral
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