Los jueces del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos iniciarán este lunes el proceso de análisis previo al veredicto, que se conocerá en un plazo aproximado de veinte días hábiles.
El proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales por la tragedia del submarino argentino, ocurrida en noviembre de 2017, llega este lunes a su cierre técnico en los tribunales de Río Gallegos. Tras la última jornada de exposiciones orales, el cuerpo de magistrados integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Guillermo Adolfo Quadrini y Luis Alberto Giménez quedará en condiciones de iniciar el análisis integral de las pruebas presentadas durante los últimos cuatro meses. La etapa de deliberación posterior marcará el tramo decisivo antes de la lectura del fallo.
Durante la mañana de hoy, la última batería de exposiciones estará a cargo de los representantes legales de los mandos navales retirados. Ricardo Gastón Morillo, defensor de Luis Enrique López Mazzeo, y Leticia Diez, representante de Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, presentarán sus descargos finales. Esta instancia será transmitida en directo a través de las plataformas digitales del Poder Judicial para garantizar la publicidad del acto procesal.
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La línea argumental de las defensas se concentra en desarticular la construcción jurídica de la fiscalía, bajo el concepto central de la falta de un nexo causal directo entre las omisiones administrativas y el hundimiento fatal. Los abogados sostienen que la acusación no ha logrado acreditar de qué manera el supuesto incumplimiento de los protocolos de seguridad incrementó el riesgo específico que derivó en la pérdida de la nave. Este planteo busca demostrar que las decisiones adoptadas por los mandos de la Armada se ajustaron a los reglamentos operativos vigentes al momento del zarpe.
Las defensas sostienen que no existe certeza sobre las causas exactas del estrago y, bajo esa premisa, consideran que resulta imposible edificar una condena penal con bases sólidas. En consonancia con lo expuesto semanas atrás por la defensa de Claudio Villamide, los letrados insistirán en que el buque se encontraba operativo y certificado para cumplir con la misión encomendada. La postura apunta a evitar que las omisiones funcionales sean utilizadas como fundamentos suficientes para una sentencia de privación de la libertad.
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El proceso oral, que se extendió desde principios de marzo, involucró la recepción de testimonios de un centenar de peritos, técnicos, familiares y exintegrantes de la fuerza. El tribunal también contempló una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz, el buque gemelo de la unidad siniestrada, para despejar dudas sobre el funcionamiento de las válvulas y los sistemas de propulsión cuestionados. Toda esta masa probatoria será la materia prima sobre la cual los cuatro jueces deberán alcanzar un consenso unánime.
Las posiciones de las partes acusadoras ya quedaron definidas en las audiencias previas, manteniendo una profunda disparidad en cuanto a los pedidos de condena. Mientras la fiscalía solicitó penas que oscilan entre los tres y cinco años de prisión para los cuatro acusados, las querellas presentaron exigencias considerablemente más severas. Algunos representantes de los familiares reclamaron hasta ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en la administración estatal.
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El veredicto final será el resultado de un análisis complejo donde se pondrán en la balanza tanto la normativa técnica de la Armada como el contexto de las decisiones que se tomaron antes de la última navegación. Los magistrados tienen ahora el desafío de encuadrar jurídicamente si las fallas técnicas fueron consecuencia de una cadena de errores negligentes o si se trataron de eventos extraordinarios inevitables. Este debate determinará si los imputados son responsables de la pérdida de los 44 tripulantes o si la causa debe finalizar con absoluciones.
La finalización de los alegatos este lunes significará que el proceso entrará en una fase de silencio institucional donde los jueces no volverán a escuchar nuevas piezas de prueba. El cronograma estipulado por el Tribunal prevé aproximadamente tres semanas de trabajo interno antes de citar a las partes para la lectura de la sentencia definitiva en la sala de Río Gallegos. Este fallo será el punto de inflexión para una causa que lleva años de investigaciones sobre el hundimiento que conmovió profundamente a la Argentina.
Fuente: La Opinión Austral
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