El Súper RIGI deja afuera a la mayoría de las empresas argentinas

El proyecto de ley conocido como Súper RIGI comenzó a generar un intenso debate por el alcance de los beneficios que propone para grandes inversiones y por las condiciones de acceso que, en la práctica, excluyen a la mayoría de las empresas argentinas. La iniciativa ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

La propuesta eleva de manera significativa el umbral de ingreso respecto del régimen vigente. Solo podrán adherir emprendimientos que comprometan inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y ejecuten al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años de vigencia del proyecto.

Además, cada inversión deberá desarrollarse mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura societaria creada exclusivamente para ese emprendimiento. El texto también contempla que esas sociedades puedan constituirse en el exterior para acceder al régimen.

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Entre los principales incentivos previstos figura una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen del 3,5% sobre dividendos y utilidades, la eliminación de los derechos de exportación y la exención total de tributos para las importaciones vinculadas al proyecto.

El esquema también incorpora ventajas cambiarias. Las empresas accederán a una disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% al tercer año, además de una contribución patronal reducida al 10% para las nuevas relaciones laborales generadas dentro de estos proyectos.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la estabilidad normativa por 30 años. Ese compromiso alcanza los regímenes tributario, aduanero, cambiario y de seguridad social, e incorpora además la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en caso de conflictos con el Estado argentino.

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El Gobierno sostiene que el régimen apunta exclusivamente a industrias de gran escala que todavía no tienen un desarrollo consolidado en el país. Entre los sectores mencionados aparecen los centros de datos para inteligencia artificial, la producción de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

Sin embargo, el diseño del proyecto también concentra cuestionamientos. El texto excluye las inversiones destinadas a ampliar, modernizar o reconvertir plantas ya existentes, una condición que deja sin posibilidades de acceder al régimen a numerosas compañías nacionales que buscan expandir su capacidad productiva.

Las críticas también apuntan al elevado piso de ingreso exigido. Distintos sectores consideran que el esquema prioriza la llegada de grandes capitales internacionales mediante beneficios extraordinarios, mientras ofrece pocas herramientas para fortalecer el crecimiento de empresas argentinas que ya operan en el país.

Otro punto relevante involucra a las provincias. Para adherir al Súper RIGI deberán aceptar condiciones de estabilidad fiscal y límites sobre la carga tributaria local. Entre otras restricciones, el proyecto establece que el impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% para los emprendimientos comprendidos y limita la aplicación de otros tributos provinciales y municipales relacionados con las inversiones.