La Justicia autorizó al Gobierno a eliminar el programa "Volver al Trabajo"
Actualidad14/07/2026
REDACCIÓNLa medida avalada por Cámara Federal afectará 900.000 beneficiarios desde agosto, reemplazada por vouchers de capacitación. UTEP anunció plan de lucha.
El programa “Volver al Trabajo” (VAT) entregaba una asignación mensual de $78.000 a cada uno de sus beneficiarios. Dicha cifra se encontraba congelada desde el año 2023, cuando asumió la gestión del presidente Javier Milei. Ahora, el Ministerio de Capital Humano recibió la habilitación judicial para discontinuar los pagos de manera definitiva.
La decisión impactará directamente en unas 900.000 personas a partir de agosto próximo, según denunció la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La organización advirtió que esta medida dejará sin una parte de sus ingresos a casi un millón de familias. Según el sindicato, la eliminación del programa las empuja directamente a la indigencia.
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La autorización legal fue emitida por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que revocó una medida cautelar preexistente. Esa cautelar obligaba al Gobierno a continuar con el pago de las prestaciones del VAT. El nuevo fallo avaló el planteamiento presentado por el ministerio que conduce Sandra Pettovello.
Como reemplazo del programa, el Poder Ejecutivo implementará una nueva iniciativa denominada “Formando Capital Humano”. Este nuevo esquema funcionará a través de la entrega de “vouchers de capacitación” destinados a cada trabajador. La cartera de Capital Humano será la encargada de gestionar este sistema.
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La Cámara de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, respaldó el argumento oficial sobre la duración del programa. El ministerio había sostenido que el plan original contemplaba un “vencimiento de 24 meses”. Esta fue la base del planteo para proceder con su finalización.
La UTEP emitió un comunicado a través de sus redes sociales para cuestionar duramente la sentencia judicial. La organización afirmó que «la Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables». Además, consideraron que la decisión demuestra una desconexión con la realidad social del país.
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En su pronunciamiento, la entidad gremial calificó el fallo como «un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios». La organización criticó que se considere el ingreso como una “asignación no remunerativa” por capacitación. Según la UTEP, esta calificación desconoce su carácter alimentario esencial para las familias.
Como respuesta, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, anunció un cronograma de protestas. El dirigente confirmó que su organización acompañará la marcha de los jubilados al Congreso el próximo 22 de julio. Asimismo, anticipó que se realizará una gran jornada de lucha para el 7 de agosto.
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En paralelo, Gramajo adelantó que la UTEP impulsará otra movilización, aún sin fecha definida, hacia el Ministerio de Economía. Esta acción se enmarca dentro de un plan de lucha más amplio junto a la CGT y las dos CTA. El objetivo de esta protesta será visibilizar la realidad que atraviesan las familias.
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