Legisladores frenan la Ley de Inocencia Fiscal y exigen excluir a funcionarios
Actualidad06/08/2026
REDACCIÓNEl proyecto oficialista que otorgaba beneficios impositivos a Personas Políticamente Expuestas quedó trabado en el Congreso, generando fuertes cuestionamientos.
Legisladores de la oposición blanda han exigido de forma categórica que las Personas Políticamente Expuestas queden marginadas del régimen simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta firme postura ha generado un freno imprevisto a la estrategia del Poder Ejecutivo en las comisiones de trabajo.
La inclusión de una nómina de nombres del propio entorno gubernamental en el esquema simplificado del tributo a las Ganancias encendió las alarmas en el Parlamento. Entre los postulantes figuraban el vocero Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, y el ministro Federico Sturzenegger.
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A ellos se sumaron también el diputado José Luis Espert y el titular de la agencia tributaria ARCA, Andrés Vázquez, buscando acceder a los beneficios impositivos. El listado incluía además a colaboradores cercanos como el cineasta presidencial Santiago Oria y el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez.
La pretensión de que estos perfiles públicos accedan a tales prerrogativas tributarias desencadenó un rechazo inmediato entre los bloques dialoguistas. Argumentaron que extender estas ventajas a quienes ejercen la función pública dinamita la credibilidad de la reforma propuesta.
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Ante la firmeza de las objeciones presentadas en las mesas de negociación, los operadores del oficialismo debieron reconocer la parálisis de la propuesta original. Representantes del Gobierno admitieron que la inclusión de funcionarios generó un volumen imprevisto de cuestionamientos cruzados en el ámbito legislativo.
La controversia escaló al punto de trabar la discusión sobre la denominada Ley de Inocencia Fiscal y su articulado específico. El requisito que habilitaba a los actuales y antiguos colaboradores de la gestión a recibir los beneficios de la norma se convirtió en un obstáculo infranqueable.
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El intento de blindar fiscalmente a la propia tropa chocó de frente con el discurso de austeridad y equidad tributaria que sostiene el Ejecutivo. Para los diputados que suelen acompañar las iniciativas, convalidar ventajas impositivas para miembros del Gabinete representa un costo político inasumible.
Por esta razón, los legisladores condicionaron la continuidad del debate a la expulsión definitiva de los cargos públicos de la norma, obligando a postergar los dictámenes previstos. La falta de consensos mínimos impidió avanzar con el cronograma parlamentario para el proyecto.
El Ministerio de Economía y la conducción de la agencia tributaria ARCA se ven obligados ahora a rehacer los cálculos del texto. La eliminación de los funcionarios de la nómina de beneficiarios aparece como la única vía para destrabar el tratamiento en el recinto, aunque la tensión dejó un clima de desconfianza.
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