La Justicia Federal le ordenó a la Nación reparar rutas por su grave deterioro

Política11/08/2026

Fallo judicial en Santa Fe ordena reparar rutas clave, sumándose a reclamos de gobernadores. Informe revela $1,35 billones del impuesto a combustibles sin usar.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, le ordenó al Estado nacional la reparación integral y urgente de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento santafesino de General López. La medida se fundamentó en el acreditado deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación por parte de las autoridades nacionales.

En paralelo, una jueza en Salta solicitó informes detallados sobre los siniestros viales registrados en un tramo de 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34, específicamente entre las localidades de Urundel y Salvador Mazza. Ambas intervenciones judiciales reflejan la creciente presión sobre la gestión de la red vial nacional.

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El problema de fondo fue cuantificado por un informe de la consultora Argentina Grande, que reveló una importante subejecución de los fondos viales. Según el estudio, la Dirección Nacional de Vialidad podría haber contado con $1,35 billones adicionales si se hubiera ejecutado el total de la asignación específica del impuesto a los combustibles.

Estos recursos no utilizados, según el mismo cálculo, equivaldrían al mantenimiento de 9.148 kilómetros de rutas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de toda la red vial nacional. La controversia se agudiza porque el peso del impuesto sobre el precio de la nafta súper pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de 2026.

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Ante esta situación, varias provincias ya avanzaron en acuerdos para hacerse cargo de las trazas. San Juan acordó asumir por 20 años el financiamiento y mantenimiento de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, en un convenio firmado por el gobernador Marcelo Orrego con Diego Santilli y Luis Caputo.

En Santa Fe, el gobierno provincial recibió la administración de la Ruta Nacional A012 por un período de 20 años, un corredor vital para la producción del Gran Rosario. Por su parte, San Luis asumió la gestión de un tramo de 12 kilómetros de la ex Ruta Nacional 7, calificado como de «reparación urgente» por el gobernador Claudio Poggi.

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Otros reclamos están directamente vinculados al impacto de la actividad hidrocarburífera. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, espera concretar el traspaso de las rutas 151 y 22, afectadas por el tránsito pesado de Vaca Muerta que provoca sobrecargas de hasta cinco toneladas por eje. La provincia pretende una concesión por 30 años, mientras que la Nación ofrece 20.

Desde la gobernación rionegrina manifestaron su postura ante la falta de obras por parte del gobierno central. «Sabemos que ellos ya no van a hacer nada, queremos que al menos nos dejen hacer nosotros», sintetizaron fuentes provinciales. En una línea similar, La Pampa impulsa un «peaje petrolero» para camiones de cinco o más ejes, con el objetivo de generar fondos para la conservación vial.

El deterioro de la infraestructura vial fue calificado como uno de los cinco problemas estructurales más graves de Argentina por un informe del Consejo Federal de Inversiones. El estudio advierte que el mal estado de los caminos impacta directamente sobre sectores productivos clave como la minería, el agro y los hidrocarburos, limitando su crecimiento.