El fin del marco legal para energías renovables impacta en nuevas inversiones
Actualidad20/08/2026
REDACCIÓNLa Ley 27.191 (Ley Guinle) caducó, eliminando fomento y avales. Esto complica el acceso a financiamiento internacional para proyectos eólicos y solares.
La falta de capacidad en las líneas de transporte eléctrico para volcar energía a las zonas urbanas se consolidó como una traba severa para la expansión del sistema de energías renovables en Argentina. Este estrangulamiento técnico coincide con la caducidad de la Ley Nacional 27.191, una norma clave para el desarrollo eólico y solar.
El régimen, conocido como Ley Guinle, fue sancionado en 2015 e impulsado por el entonces senador chubutense Marcelo Guinle. Su vencimiento ha dejado a las empresas del sector frente a un escenario de mayor riesgo cambiario y financiero, al remover los beneficios impositivos que atraían inversiones.
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Durante la década de su vigencia, el marco regulatorio funcionó como la columna vertebral de la transformación eléctrica nacional. Movilizó cerca de 11.500 millones de dólares y propició la puesta en marcha de 193 proyectos operativos y más de cuarenta en construcción, según datos del sector.
La generación limpia se multiplicó por diez en este período, pasando de cubrir el 1,9% de la demanda en 2015 a rozar el 18,9% al cierre de 2025. Esta cifra se acercó significativamente a la meta trazada originalmente por la propia norma que ahora caducó.
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La desintegración del marco regulatorio original dejó sin funcionamiento al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables, un fideicomiso estatal. Este fondo actuaba como respaldo financiero de los contratos del programa RenovAr, garantizando inversiones en el país.
Por otra parte, la pérdida de esta garantía para los inversores complica el acceso a crédito internacional. Esta situación se da justo cuando las redes requieren desembolsos urgentes para ampliar la capacidad de transporte desde los parques patagónicos y del norte hacia los centros de mayor consumo energético.
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En ese marco, los emprendimientos de mediana y pequeña escala quedaron en una situación vulnerable frente al nuevo mapa de incentivos. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), si bien es una alternativa para canalizar capitales de envergadura, exige montos mínimos inalcanzables para desarrollos locales, dejando fuera a las pymes.
Asimismo, el vencimiento del régimen de fomento implica la cancelación automática de franquicias tributarias decisivas para la etapa de construcción de los parques. Los desarrolladores ya no cuentan con el esquema de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias ni con las exenciones aduaneras que facilitaban el ingreso de componentes tecnológicos.
Además, las compañías perdieron la posibilidad de tramitar la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado y el uso de certificados fiscales transferibles. Este desarme de incentivos económicos eleva los costos de instalación por megavatio, en un momento donde el mercado internacional exige mayor volumen de energía limpia.
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