Fuerte polémica en San Antonio Oeste por proyecto que involucra casi 300 hectáreas públicas
Actualidad28/08/2026
REDACCIÓNProyecto privado para parques industriales y logísticos, avalado por el Ejecutivo, suma cuestionamientos de oposición y entidades por tierras fiscales e impacto.
El municipio de San Antonio Oeste proyecta un ingreso de unos 4.500 millones de pesos para la primera etapa de un proyecto que involucra casi 300 hectáreas de tierras públicas. Esta iniciativa, que busca crear parques industriales y logísticos, generó un intenso debate institucional y político por el destino y la forma de disposición de esos terrenos estratégicos.
La propuesta fue presentada por Sur Infraestructura y Servicios SA y recibió una declaración de interés del Concejo Deliberante, contando además con el respaldo del Ejecutivo municipal. Contempla 258 hectáreas destinadas a un futuro Parque Industrial en San Antonio Oeste y cerca de 40 hectáreas para un parque de servicios logísticos en el puerto de San Antonio Este.
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Desde la administración local, el secretario de Hacienda Berbel defendió la participación municipal y estimó el valor de las tierras en aproximadamente 1.600 millones de pesos. Según el funcionario, la iniciativa permitiría generar actividad económica, incorporar inversiones y ampliar las posibilidades de empleo en la localidad, garantizando una proporción de 80/20 para la contratación de personal local bajo control municipal.
Sin embargo, el concejal Matías Rodríguez, de Cambia Río Negro, puso el foco en el procedimiento elegido, cuestionando que la declaración de interés se aprobara mediante una resolución y no por ordenanza. Para el edil, quien calificó el proyecto de «desprolijo», el mecanismo de pago por las tierras es uno de los aspectos más discutidos, ya que no existe un canon y el valor fiscal es considerado desactualizado.
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El cuestionamiento sobre la iniciativa, que vincula el pago a la venta posterior de los terrenos sin una fecha determinada, también provino de distintos espacios políticos de San Antonio Oeste. Estas agrupaciones plantearon que el problema radica en poner en juego las tierras públicas sin que estén garantizadas las condiciones de planificación, transparencia, participación y control público.
Además, los partidos opositores señalaron presuntos incumplimientos de la Carta Orgánica Municipal, el Código de Ordenamiento Territorial y la Ordenanza 3723 sobre Iniciativa Privada. Advirtieron que el proyecto omite considerar que la Península Villarino integra el Área Natural Protegida Bahía San Antonio y que existe un Plan de Manejo para ese espacio.
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Los reparos alcanzaron también al Consejo Profesional de Ingenieros Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro, que consideró que la propuesta podría limitar el crecimiento urbano residencial de la planta urbana del puerto. Cuestionaron que un desarrollo de semejante magnitud quede en manos privadas, lo que implicaría una pérdida futura de capacidad estatal para definir políticas sobre tierras estratégicas.
El Colegio de Martilleros y Corredores de la Primera Circunscripción Judicial agregó que el proyecto ingresó el 17 de marzo de 2026 a nombre de Sur Infraestructura y Servicios SA, pero la escritura de constitución de la firma se concretó recién el 16 de abril. La entidad sostuvo que «al momento de formalizar el trámite y pedir derechos sobre la tierra pública, la empresa simplemente no existía legalmente», y también observó una condición que establece zonificación exclusiva e impide nuevas radicaciones hasta un 90% de ocupación, lo que podría bloquear el crecimiento de parques existentes.
Finalmente, el Consejo Asesor de Planificación Municipal resolvió que «el proyecto bajo análisis transgrede fundamentales normas municipales, compromete indebida e inadecuadamente patrimonio público en tierras fiscales, afecta actividades productivas actuales y compromete el futuro desarrollo económico del Municipio». Ante la discusión, el concejal Rodríguez reclamó «volver a foja cero» y propuso que los inversores concurran al Concejo para adecuar la propuesta a la normativa existente.
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