
Aprueban penas de hasta 10 años de cárcel para quienes cometan vandalismo rural
Actualidad22/10/2026
REDACCIÓNLa Cámara de Diputados aprobó con 162 votos una ley que incorpora al Código Penal la figura de vandalismo rural, con penas de hasta 10 años.



Quienes cometan vandalismo rural en grupos de tres o más personas y provoquen la pérdida total de la producción podrán recibir penas de hasta 10 años de prisión. La nueva normativa también se aplica si se impide la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.
El proyecto, que fue aprobado por 162 votos contra 77 y una abstención, establece un rango de sanciones según la gravedad del hecho. La intrusión en un establecimiento rural será reprimida con prisión de 1 mes a 1 año, mientras que el máximo se elevará a 2 años si se obstaculiza la actividad productiva o se pone en riesgo a personas, animales o cultivos. Además, se imponen penas de 2 a 8 años y multas para quien destruya silobolsas o cualquier otro elemento del proceso agropecuario.


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La iniciativa fue impulsada por el diputado macrista Martín Ardohain y recibió modificaciones consensuadas con el legislador massista Ramiro Gutiérrez. Ardohain destacó que los cambios aportaron «muchísimas más certezas y tranquilidad a lo que vamos a estar votando». Agregó que el proyecto «cubre vacíos legales del Código Penal e incluye lo que el Código de 1921 no podía ni imaginar: silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles o equipos de riego».
El diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, coincidió en la necesidad de la ley, afirmando que «Argentina necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural. Es algo que venimos pensando y trabajando hace mucho tiempo desde el Frente Renovador». En la misma línea, el radical Darío Scheineder sostuvo que estos hechos no solo lesionan el patrimonio, sino que también «afectan las fuentes de trabajo en todo el interior del país».
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Por su parte, el diputado de Provincias Unidas, Sergio Capozzi, celebró la iniciativa porque «vinee a cubrir un vacío legal fundamental: el vandalismo, el robo, el hurto y la usurpación deben tipificarse como delitos y no como meras infracciones». Desde La Libertad Avanza, Francisco Morchio señaló que «este proyecto está pensado para el productor y el trabajador que viven en el campo y se encuentran lejos de una comisaría».
En contraposición, la diputada de izquierda Myriam Bregman rechazó el proyecto de manera contundente. La legisladora aseguró que la meta es «blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra». Además, consideró que la iniciativa es parte «del armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región».
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La aprobación en general contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo. El rechazo provino mayoritariamente de los diputados de Unión por la Patria, la izquierda e Independencia, con la única abstención de Luis Basterra (UxP).















