Anularon la condena de US$16.100 millones contra Argentina por la expropiación de YPF
Actualidad22/10/2026
REDACCIÓNA pesar de la anulación del fallo, el fondo Burford Capital busca que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga y abrió una nueva vía de reclamo internacional en el CIADI.
El fondo Burford Capital, que financia los reclamos de los antiguos accionistas de YPF, llevará la disputa a la Corte Suprema de Estados Unidos. A comienzos de octubre, las sociedades demandantes presentaron un recurso de certiorari para que el máximo tribunal revise la decisión de la Cámara de Apelaciones y restablezca la condena original.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, anuló formalmente la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de la petrolera. La resolución cumple con una decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó el fallo de primera instancia y eliminó una obligación que, con intereses, superaba los US$18.000 millones.
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La controversia se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol. Los accionistas minoritarios, vinculados a Petersen Energía y Eton Park, argumentaron que el Estado argentino debió realizar una oferta pública por el resto de los títulos, basando en esa interpretación su reclamo judicial.
En paralelo a la estrategia judicial en Estados Unidos, los demandantes iniciaron otro reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este procedimiento arbitral, vinculado al Banco Mundial, es independiente del juicio de Nueva York y podría mantener abierta la disputa por la estatización.
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La decisión de Preska en septiembre de 2023 había aceptado los argumentos de los demandantes, condenando al país a pagar la cifra multimillonaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión en marzo de 2026 al considerar que las normas argentinas sobre expropiación no permitían sostener el reclamo en esos términos.
El fallo de segunda instancia que favoreció a la Argentina fue adoptado por mayoría, con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson. En disidencia se expresó el juez José Cabranes, mientras que en junio el pleno de la Cámara rechazó un pedido de revisión de los demandantes, dejando firme la resolución en esa instancia.
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