El especialista señaló que la incertidumbre electoral frena inversiones y destacó el equilibrio fiscal como un acierto clave del Gobierno.
El economista Alberto Ades advirtió que el principal riesgo económico para Argentina es llegar a la elección presidencial de 2027 con una economía estancada. Además, destacó que la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico actual frena las decisiones de inversión.
Según Ades, la posibilidad de un cambio de gobierno que restablezca el cepo o las retenciones lleva a los inversores a postergar sus decisiones. Sobre todo, «quieren saber si las reglas sobreviven a la elección», afirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
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Ades remarcó que los grandes proyectos continuarán, pero otras inversiones podrían aguardar las elecciones provinciales de mitad de año. Este evento sería la primera señal clara del escenario político, mientras el crecimiento actual es escaso y desparejo.
El economista indicó que industrias como la construcción y el comercio sufren un peso apreciado y tasas reales activas muy altas. Por ello, consideró que «mucha gente no siente el éxito de la estabilización en el bolsillo», pese al equilibrio fiscal que calificó como el mayor acierto del Gobierno.
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Para que la estabilización se traduzca en una mejora concreta de empleo, ingresos y consumo, es necesario que la inflación siga bajando hacia el 1% mensual. De esta manera, los salarios podrían ganarle a los precios de forma sostenida, estimulando el ingreso real.
En paralelo, planteó la necesidad de reducir el riesgo país hacia los 500 puntos para recuperar el crédito a empresas y familias, lo que reactivaría la inversión. Con el riesgo país actualmente por encima de los 900 puntos, el mercado no está abierto a tasas razonables.
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Argentina enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de US$ 23.000 millones en 2027. Con reservas netas que rondan los US$ 10.000 millones, el margen para refinanciar es estrecho, lo que constituye una debilidad importante para el país.
Ades explicó que la energía y la minería, aunque generan dólares, ofrecen poco empleo directo. Por este motivo, «no alcanzan para mover el mercado laboral», por lo que propuso bajar los impuestos que encarecen la contratación y el financiamiento.
Otro factor a considerar es el ámbito provincial, donde la ley minera de San Juan exige el 80% de empleo local y el 60% de compras a proveedores de la provincia. Esta diferencia con el RIGI nacional, que pide apenas un 20% de compre argentino, podría generar conflictos en el sector que más inversiones atrae.
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