APRUEBAN LEY QUE PERMITE ACTIVAR MICRÓFONOS Y CÁMARAS DE CELULARES INTELIGENTES PARA PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN

En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés ha aprobado un controvertido proyecto de ley que amplía los poderes de vigilancia de la policía. El artículo 3 de este proyecto de ley permite a las autoridades acceder de manera remota a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de personas bajo investigación por delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.

La medida, que forma parte de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia, ha generado preocupación entre los defensores de la privacidad y los ecologistas. Sin embargo, con 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo fue aprobado en la Asamblea Nacional gracias al respaldo de los partidos políticos en el poder y algunos de la oposición. A pesar de las críticas, se argumenta que esta medida ayudará en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

El proyecto de ley establece que las autoridades policiales solo podrán activar la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil si el usuario instala una aplicación y da permisos específicos. Sin embargo, algunos expertos señalan que es poco probable que los usuarios otorguen dichos permisos. Además, se plantea la necesidad de una ley o decreto que ordene a los operadores de telefonía facilitar el acceso a la información de los dispositivos.

La ley contempla dos partes principales. La primera autoriza la geolocalización en tiempo real de personas bajo investigación, mientras que la segunda permite a la policía captar a distancia el sonido y las imágenes de aquellos buscados por casos de terrorismo y delincuencia organizada. Durante el debate, se añadió una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia realizada en el marco de esta ley. Además, se establece que el acceso a las cámaras y micrófonos estará vigente durante un máximo de seis meses.

La aprobación de esta ley ha sido criticada por grupos de defensa de los derechos civiles, abogados y organizaciones no gubernamentales, argumentando que atenta contra la vida privada de las personas. Sin embargo, el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, defiende la legislación y asegura que solo afectará a unos pocos casos al año y que se aplicarán garantías para proteger los derechos individuales.

Aunque la ley aún debe ser promulgada por el Presidente de la República, se espera que entre en vigor en los próximos meses. Durante este periodo, los parlamentarios que se oponen a la ley tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.