FALLO A FAVOR DE UBER PODRÍA SENTAR PRECEDENTE

En un fallo que podría sentar precedente para otras localidades con cuestionamientos similares, el juez en lo Correccional de Río Grande, Pedro Fernández, ha fallado a favor de Uber, declarando inconstitucional la controvertida Ordenanza 3548 que prohibía la operación de servicios de transporte mediante plataformas digitales desde 2016. Este dictamen no solo impulsa el funcionamiento de Uber en la ciudad, sino que también plantea preguntas cruciales sobre el futuro del transporte privado y la regulación de servicios digitales.

La ordenanza declarada inconstitucional, vigente desde 2016, imponía restricciones al uso de programas informáticos, redes sociales y aplicaciones de telefonía celular para el transporte urbano. El juez Fernández no solo cuestiona la constitucionalidad de esta prohibición sino que también invalida los artículos que estipulan multas, secuestro de vehículos y suspensión de licencias para quienes infrinjan la ordenanza.

Este fallo es el resultado de un recurso presentado por un conductor de Uber, a quien se le había impuesto una multa. La resolución judicial declara al conductor "no responsable de la infracción imputada: Unidad no Habilitada", sentando un precedente en la región.

Además, el juez exhorta al Concejo Deliberante de Río Grande a establecer, en un "plazo razonable", una reglamentación para el funcionamiento de servicios de transporte privado mediante plataformas digitales. Esta decisión ha generado diversas reacciones, especialmente entre figuras clave como el fiscal Mayor de Río Grande, Martín Bramati.

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Bramati destaca que el juez Fernández reconoce la necesidad de reglamentación y condiciones para la operación de Uber. Señala que la ordenanza anterior "anulaba" la actividad de Uber en lugar de regularla adecuadamente. Este enfoque, según Bramati, aseguraría una competencia legal con otros servicios similares.

Sin embargo, el abogado Leonardo Plasenzotti, en una entrevista con Radio Provincia, disiente con el fallo, argumentando que Uber opera ilegalmente al no cumplir con los requisitos esenciales del transporte público y privado. Plasenzotti enfatiza la falta de habilitación, carnet y seguro contra terceros transportados como elementos fundamentales que Uber no cumple.

Plasenzotti también señala que el fallo no es extensivo y apela a la Municipalidad de Río Grande a apelar la decisión, ya que la actividad de Uber no está reglamentada, y la ordenanza anterior buscaba proteger a la ciudadanía de posibles riesgos al usar el servicio.

Fabián Lara, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, comparte su perspectiva sobre este fallo desde la capital de la provincia. Aunque la decisión no afecta directamente a Ushuaia, Lara expresa cautela y una postura de espera ante posibles desarrollos, destacando la importancia de evitar un "efecto contagio".

Lara enfatiza las diferencias en las ordenanzas de ambas ciudades y revela planes para apelar la medida en Río Grande. Además, destaca las medidas implementadas en Ushuaia desde 2017 para reforzar la prohibición de plataformas ilegales, con 29 multas en proceso.

Este fallo podría tener un impacto significativo en la regulación del transporte digital en otras regiones del país, marcando una nueva etapa en la relación entre las plataformas digitales y la legislación local.