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ADVIERTEN INACCIÓN DE CHUBUT POR OLEODUCTO EN EL SAN MATÍAS
Cámaras empresarias y organizaciones ambientales presentaron un escrito en la Justicia. Piden información a dependencias provinciales ante potenciales riesgos.
Actualidad 08 de enero de 2024
Christian Devia
Así se vería un barco petrolero y boya flotante en el Golfo San Matías
(Imagen ilustrativa)
En respuesta al avance irregular del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, un amplio colectivo conformado por cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas ha presentado una acción legal en la provincia de Chubut. La iniciativa surge en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destacando los riesgos que representan la terminal petrolera en el Golfo San Matías para la Península Valdés.
La acción legal, presentada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, está fundamentada en la inacción previa de la Provincia de Chubut respecto al puerto petrolero que forma parte del proyecto. La Dra. María Laura Eroles es la titular del juzgado que atiende este caso, donde se solicita a las dependencias provinciales tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Entre las entidades que respaldan esta acción se encuentran la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Greenpeace Argentina, y diversas organizaciones vinculadas al turismo, la conservación ambiental y los derechos humanos.
El colectivo expresa su preocupación por el emplazamiento propuesto del puerto con dos monoboyas, a solo 30 km de la Península Valdés. Advierten que esto afectaría la biodiversidad y la economía de las áreas marinas cercanas, amenazando especialmente a la pesca artesanal y deportiva, el turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otras actividades.
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La reforma de la ley 3308 de Río Negro, que quitó la protección a las aguas y costas del Golfo San Matías de la industria petrolera, ha suscitado una acción de inconstitucionalidad. Este caso, actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viola el Acuerdo de Escazú al carecer de transparencia y participación ciudadana. Además, atenta contra los principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental.
Las organizaciones que conforman la alianza destacan la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas. Señalan que esto exponen al territorio, su biodiversidad ya millas de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental.
La acción legal se basa en la normativa provincial y nacional que otorga a la autoridad provincial de Chubut la responsabilidad de adoptar medidas para la preservación de las condiciones naturales. Los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas respaldan esta acción.
Las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, la biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. Destacan que las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, comprometiendo la biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
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Se hace referencia a eventos pasados, como el derrame de crudo en la Ría de Bahía Blanca el pasado 28 de diciembre, para ilustrar el potencial impacto en la Península Valdés. Esto resalta la importancia de medidas preventivas y transparencia en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental, las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación ciudadana en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instantánea a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.
Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garantía del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.
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