DESMIENTEN QUE “ÑOQUIS CALIENTES” VAYA A PRESCRIBIR

En las últimas semanas se había deslizado que el juicio contra la ex ministra y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola no se realizaría por vencimiento de plazos, llegando a la prescripción, lo cual es desmentido de plano por el Ministerio Público Fiscal, que además anunció que en su momento darán a conocer algunos aspectos de la investigación, en la cual la defensa utilizó todo tipo de trucos para diferir los tiempos y evitar que la polémica ex funcionaria enfrente al tribunal de enjuiciamiento.

De hecho, el juicio debería haber comenzado el pasado 22 de abril, pero nuevas medidas de la defensa hicieron que el mismo se tuviera que postergar. En esa oportunidad, las defensas habían pedido, sobre la hora del juicio, algunas probation para algunos acusados, lo cual debe ser resuelto por la Cámara Penal.

El fiscal Omar Rodríguez, titular de la oficina anticorrupción de la Procuración General dijo a #LA17 sobre una posible prescripción que “esa causa tiene plazo complejo que vence el año que viene, yo creo que no, que este año se va a poder hacer el juicio más allá de todas las idas y venidas que ha tenido el caso”.

Yendo más allá, manifestó su malestar por los permanente “palos en la rueda” que fueron interponiendo las defensas y anunció que “en algún momento yo lo voy a hacer público, porque hay la verdad que ha sido este bastante complejo todo lo que ha sucedido dentro del caso, pero yo tengo esperanza, que este año se haga el juicio y se puede hacer este la revisión de la sentencia en caso de cada condena”, con lo que indefectiblemente “Chechu” deberá sentarse en el banquillo de los acusados, en este caso por presunta corrupción.

El tribunal está compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusador público será el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.

La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.

Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público.