En la tarde del martes se trata en plenario bicameral el proyecto de Ley de Bases y el Paquete impositivo. Los legisladores patagónicos se oponen a ganancias.
INTIMAN A EMPRESA BRITÁNICA POR PROYECTO EN MALVINAS
Tierra del Fuego ha emitido una intimación formal a la empresa británica Harland and Wolff, que pretende construir un puerto en las Islas Malvinas.
Actualidad 15 de junio de 2024
REDACCIÓN
Intiman a Empresa Británica por Construcción de Puerto en las Islas Malvinas.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha tomado medidas contra la empresa Harland and Wolff, con sede en el Reino Unido, por intentar desarrollar un nuevo puerto en las Islas Malvinas sin la debida intervención y autorización de las autoridades argentinas. La intimación se realizó conforme al Convenio de la Haya de 1965 y se ha emplazado a la empresa para que cumpla con la legislación ambiental argentina en un plazo de 90 días hábiles.
Procedimiento de Intimación
El Ministerio de Producción y Ambiente, junto con la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, emitió la intimación utilizando los canales formales del Convenio de la Haya. La acción se fundamenta en la necesidad de que la empresa Harland and Wolff cumpla con la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), la Ley Provincial 55 y la Ley Provincial 1126.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, explicó la gravedad de la situación: “La contratación de la empresa Harland and Wolff por el ilegítimo gobierno isleño se enmarca en la pretensión británica de establecer infraestructura destinada a la explotación ilegal de recursos naturales que pertenecen a todos los fueguinos y fueguinas”.
Violación de Resoluciones Internacionales
Dachary subrayó que esta acción representa una violación de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras las Islas Malvinas estén en proceso de descolonización. La postura del gobierno argentino es firme en la defensa de sus derechos e intereses provinciales, recordando un incidente similar en 2021 con la empresa Bam Nuttall.
La intimación estipula un plazo de 90 días hábiles para que Harland and Wolff cumpla con las normativas ambientales argentinas. De no ser así, el gobierno provincial se reserva el derecho de iniciar acciones legales pertinentes para proteger sus derechos.
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