IMPUTABILIDAD DE MENORES: LO QUE PIENSA UNA JUEZA PENAL

El debate sobre la baja de imputabilidad de menores continúa ganando relevancia en el ámbito político y social de Argentina. Tras conseguir el primer logro legislativo con la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso un proyecto para reducir la edad de imputabilidad de los menores que delinquen de los actuales 16 años a 13. Esta iniciativa, presentada por los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ha generado una intensa polémica.

Contexto Regional e Internacional
En varios países de América Latina, la edad mínima de imputabilidad varía significativamente. Por ejemplo, en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad mínima es de catorce años; en Uruguay, trece, y en Brasil, doce. Estos datos son utilizados por el Gobierno argentino para argumentar que la reducción de la edad de imputabilidad no es un fenómeno aislado, sino una tendencia regional que busca adaptarse a las realidades sociales y de seguridad de cada país.

Estadísticas y Argumentos del Gobierno
Según datos oficiales, el año pasado un total de 2.197 delitos fueron cometidos por menores de edad en Argentina. El Gobierno sostiene que “si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que paguen las consecuencias también como adultos, como puede ser robar o asesinar a otra persona”. Esta postura se basa en la premisa de que la responsabilidad penal debe corresponder con la capacidad de los individuos para tomar decisiones conscientes y deliberadas.

Opiniones Contrarias: La Voz de los Expertos
La Dra. Patricia Reyes, jueza penal de Puerto Madryn e integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, ha expresado su desacuerdo con esta medida. En una entrevista con La17, Reyes enfatizó que la solución no reside en encarcelar o imputar a menores cada vez más jóvenes, sino en abordar las raíces del problema desde una perspectiva social. “Hay muchas cuestiones ahí a tener en cuenta. La ley civil ha ido cambiando respecto a las capacidades progresivas de los menores de edad para ir tomando ciertas decisiones, pero no podemos olvidarnos que son personas en formación”, afirmó Reyes.

Reyes subrayó la importancia de trabajar con la sociedad, la educación y las organizaciones que forman a estos jóvenes. “Si vamos a hacer una ley bajando la edad de imputabilidad y no nos vamos a ocupar de cómo formamos a esos futuros ciudadanos, vamos a estar con el problema igual. La justicia no va a solucionar el problema que no se soluciona en la sociedad”, agregó.

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Marco Legal y Convenciones Internacionales
Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece normas claras sobre el trato que deben recibir los menores en conflicto con la ley. Reyes recordó que cualquier modificación legislativa debe considerar estas obligaciones internacionales, así como las repercusiones que un cambio en la edad de imputabilidad podría tener en otros aspectos del sistema legal y social.

Una Ley Penal Juvenil Anacrónica
Otro punto de crítica es la obsolescencia de la actual Ley Penal Juvenil, la ley 22.278, que data de los años setenta. Reyes y otros expertos en el tema han señalado que esta ley no se adecua a las realidades y necesidades actuales, y que cualquier reforma en la imputabilidad de menores debería ir acompañada de una revisión integral del sistema penal juvenil.

Qué dice el proyecto
El proyecto de ley establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años que delinquen podrán ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. Además, se proponen escalas de penas que van de 3 a 6 años en casos donde “no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.

En estos casos, también, “la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.

La iniciativa también establece un máximo de 20 años de penas, permitiendo al tribunal disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas al cumplir las 2/3 partes de la condena. Además, pone un énfasis especial en el control del cumplimiento de las penas, habilitando a la víctima a hacer el seguimiento. “El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo”.

Para las víctimas, el proyecto detalla que se establecerá la atención psicológica y el patrocinio gratuito.

El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años ha desatado un intenso debate en Argentina. Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria a la criminalidad juvenil, expertos y organizaciones advierten sobre los riesgos y la ineficacia de tal enfoque sin un trabajo profundo en las causas sociales subyacentes. La discusión continúa, con la sociedad expectante de los resultados que esta controvertida propuesta pueda generar.