


El proyecto propone un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, aplicando a aquellos imputados por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o futuras.
Las penas para los adolescentes variarán según la gravedad del delito.
Si las penas previstas superan los 3 años de prisión, pero no implican muerte, violencia grave o lesiones graves, el tribunal podrá reemplazarlas por otras sanciones como la amonestación, prohibiciones de contacto y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.
En casos de penas privativas de libertad, los adolescentes podrán cumplirlas en domicilios, institutos abiertos, institutos especializados o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios.
La privación de libertad no podrá exceder los 20 años y no se admitirán penas perpetuas.
La normativa también establece que los adolescentes deberán ser alojados en instituciones adecuadas para su tratamiento, separadas de los adultos, y apunta a fomentar su responsabilidad legal, educación, resocialización e integración social.
El proyecto subraya que los delitos cometidos por adolescentes menores de 16 años actualmente quedan impunes, generando una situación de injusticia percibida por las víctimas y la sociedad.
Comparativamente, otros países de la región tienen edades de imputabilidad más bajas.
El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona firmaron el proyecto. Se anticipa un debate divisivo en el Congreso Nacional, donde las comisiones pertinentes analizarán el proyecto.



