40 CONDENADOS POR CORRUPCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Desde finales de 2017, una serie de investigaciones ha derivado en más de 40 condenas por corrupción en Chubut, muchas de ellas ocurridas durante la catástrofe climática de Comodoro Rivadavia, pero más que nada derivadas del "sobre bomba" dejado en la Legislatura con información sensible. Este proceso ha significado una auspiciosa depuración en la gestión pública de la provincia, pero también deja un interrogante abierto: ¿representa esto un cambio real en la administración de los fondos públicos de Chubut?

Los juicios por corrupción que se han llevado a cabo en Chubut en los últimos años evidencian un ejercicio saludable de control y sanción. Demuestran que, pese a sus debilidades, el sistema judicial aún puede operar para corregir irregularidades. Sin embargo, cabe cuestionarse si estas acciones constituyen un punto de inflexión profundo o si son simplemente cambios superficiales que permiten que todo (o gran parte) permanezca igual.

Un hito significativo en esta serie de investigaciones fue la causa "Embrujo", donde se dictó la primera condena por lavado de activos en la justicia ordinaria del país, un tipo de delito que generalmente se trata en la justicia federal. Este caso, junto a otros, reveló un patrón de actuación en el que funcionarios y empresarios poderosos se beneficiaban mutuamente gracias a la proximidad con el poder político de turno. La naturalidad con la que ocurrieron estos hechos sugiere la existencia de un sistema corrupto arraigado a niveles institucionales, que podría llevar mucho más tiempo erradicar.

SE MODIFICA SUSTANCIALMENTE EL REPARTO DE REGALÍAS

Todo comenzó con la aparición de un misterioso "sobre bomba" en la Legislatura en agosto de 2017. Entregado por una exsecretaria de un alto funcionario provincial, contenía documentación altamente comprometedora para varios funcionarios públicos y empresarios de la provincia. Desde entonces, se ha desencadenado una serie de investigaciones y condenas, que se pueden resumir de la siguiente manera:

Causa “Embrujo”: 10 condenados por asociación ilícita, defraudación al Estado provincial y lavado de activos. Entre los condenados destacan Diego Correa, líder del grupo y hombre de confianza del difunto gobernador Mario Das Neves, junto a su colaborador Diego Lüters. Todos los implicados han recibido penas de prisión efectiva, pero actualmente están en libertad condicional.

Causa “Revelación”: 8 condenados por asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo. En esta causa, que trataba sobre la exigencia de sobornos a cambio de liberar pagos de obra pública, reaparecen nombres como Correa y Lüters, además de otros exministros de Economía de la provincia, como Víctor Cisterna y Pablo Oca.

Causa “Emergencia Climática I”: 9 condenados por negociaciones y sobreprecios aplicados por comerciantes de Trelew y Madryn en la compra de elementos destinados a los afectados por el temporal de Comodoro Rivadavia. Correa y Lüters fueron condenados junto a otros funcionarios y comerciantes que aprovecharon la situación para enriquecerse.

Causa “Royal Canin”: 3 condenados, entre ellos la exministra Leticia Huichaqueo, quien fue sentenciada a 4 años de prisión efectiva por la venta de alimentos para mascotas que habían sido donados para animales afectados por el temporal. Huichaqueo cumple actualmente prisión domiciliaria por razones de salud.

Causa “Emergencia Climática II” (Comodoro Rivadavia): Recientemente se dictaron condenas para 10 imputados, incluidos funcionarios locales como Abel Boyero y Rubén Palomeque, quienes fueron condenados por su rol en los contratos irregulares para retirar el barro acumulado durante la tormenta.

Estas investigaciones han resultado en más de 40 condenas, muchas con penas de prisión efectiva. Sin embargo, la mayoría de los condenados ya se encuentran en libertad condicional. También hubo otros juicios individuales por enriquecimiento ilícito que involucraron a figuras como Oscar "Chito" Alarcón, Gonzalo Carpintero y Carlos Barbato, ex presidente de Lotería. En cuanto a este último organismo, una investigación sobre contrataciones irregulares quedó inconclusa debido a la destrucción de expedientes en un incendio de la Procuración General durante los disturbios antimineros de diciembre de 2015.

Diego Correa se ha convertido en un símbolo de esta era de corrupción. Ha sido condenado tres veces: 10 años de prisión por "Embrujo", 5 años por "Revelación" y 4 años y 6 meses por "Emergencia Climática I". Aunque la suma de estas penas casi alcanza los 20 años, no se suman de manera aritmética. Correa estuvo preso hasta marzo de 2023, cuando empezó a cumplir su libertad condicional. Debe devolver alrededor de 44 millones de pesos al Estado provincial.

El actual ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, quien en su anterior rol como fiscal lideró investigaciones como “Royal Canin” y “Emergencia Climática Comodoro”, reflexionó sobre los puntos en común de estos casos: "La primera coincidencia es la connivencia entre quienes deben proteger al Estado y quienes deberían contratar honradamente con él". Iturrioz subrayó que en muchas de estas causas los roles eran "claramente confusos", como en el caso de Abel Boyero, quien contrataba a su propia empresa para obras públicas.

Iturrioz también destacó que estas investigaciones deben ir más allá del simple análisis de la documentación: "Los órganos de control no pueden ser meras calculadoras; no basta con que la documentación esté ordenada si debajo de eso se esconde la corrupción".

Con este contexto, y reconociendo el valor de que el sistema judicial haya avanzado sin aparentes límites del poder político, queda pendiente la pregunta inicial: ¿Habrá un cambio real en el manejo de los recursos públicos? ¿Ha sido este proceso un verdadero punto de inflexión? ¿O simplemente se han removido algunos elementos para que el sistema corrupto siga operando bajo nuevas formas?

Como concluyó Iturrioz, "el control no puede quedarse en el pus; la infección siempre está más profunda".