LUZ Y GAS NO PODRÁN TENER CARGOS EXTRAS MUNICIPALES

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una medida que busca poner fin a una práctica que ha generado numerosas quejas entre los consumidores: a partir de ahora, los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas adicionales en las facturas de servicios que se envían a los usuarios.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía ha dispuesto, a través de la Resolución 2024-267 que será publicada mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor. Queda prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, afirmó Caputo en un mensaje en su cuenta de X.

La resolución surge en respuesta a los crecientes reclamos de diversos sectores, particularmente desde agosto, cuando las cámaras empresariales comenzaron a alzar su voz contra los incrementos de tasas municipales que venían incluidas en las boletas de los servicios públicos. Esta práctica, argumentan los críticos, genera una carga adicional sobre los costos que deben enfrentar tanto los ciudadanos como las empresas, afectando la competitividad y el poder adquisitivo.

RUTAS NACIONALES: NI SI, NI NO, NI BLANCO, NI NEGRO

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina, fue uno de los que expresó su preocupación ante este escenario. Farina señaló que, en los últimos meses, varios municipios han aumentado considerablemente las tasas de seguridad e higiene que se aplican sobre las facturas de los servicios. Por ejemplo, en Lanús, esta tasa subió del 2,36% al 6%, y en Quilmes se registraron incrementos similares, mientras que otros municipios están evaluando seguir el mismo camino.

“En Malvinas Argentinas, la tasa de seguridad e higiene subió del 0,6% al 1,2% y, lo que es más preocupante, lo hizo de forma retroactiva a enero pasado. No se trata solo del aumento en sí, sino de que este incremento lo pagan tanto los mayoristas como los minoristas, lo que impacta directamente en los precios finales al consumidor”, explicó Farina, quien destacó que estos costos adicionales agravan aún más la situación económica de los comercios.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se sumaron al reclamo y advirtieron sobre el impacto negativo de estas medidas a nivel local. “Mientras el gobierno nacional avanza en una política de reducción de impuestos para aliviar la carga fiscal, a nivel municipal lamentablemente vemos que las tasas locales se están fortaleciendo, lo que encarece la producción y hace más difícil para las empresas mantenerse a flote”, señalaron desde la entidad.

La nueva disposición del Ministerio de Economía busca generar mayor transparencia en las facturas de servicios y proteger a los consumidores de lo que consideran un abuso de poder fiscal por parte de los municipios. La medida no solo responde a la necesidad de evitar la doble imposición y sobrecarga de tributos a los ciudadanos, sino que también apunta a generar un marco más equitativo para el desarrollo económico local.

Según fuentes del Ministerio de Economía, los municipios que actualmente aplican estas tasas adicionales deberán adaptarse a la nueva normativa. La resolución les da un plazo de adaptación de 30 días para dejar de incluir estos cargos en las facturas de los servicios esenciales. De no cumplir con esta regulación, las empresas de servicios públicos estarían facultadas para negarse a aplicar los recargos municipales, lo que podría derivar en disputas legales entre las partes involucradas.

Luis Caputo enfatizó que la decisión del gobierno está alineada con la política de desburocratización y simplificación fiscal que promueven desde la administración nacional. "Nuestro objetivo es aliviar la carga sobre los ciudadanos y las empresas, garantizando que el precio que se paga por los servicios esenciales sea justo y no incluya costos adicionales que no guardan relación con el servicio prestado", concluyó el ministro.

Este cambio podría implicar un fuerte ajuste para los municipios que dependen de estos ingresos adicionales. Sin embargo, según expertos en finanzas públicas, esta medida incentivará a las administraciones locales a buscar alternativas más transparentes y eficientes para recaudar fondos, sin afectar la competitividad y la estabilidad económica de sus comunidades.