STOLBIZER EXIGE AL GOBIERNO INFORME URGENTE SOBRE FONDOS A ARSAT

La diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, ha solicitado al Gobierno que aclare de manera "urgente" los motivos detrás de la asignación directa de 1.500 millones de pesos a la empresa ARSAT por parte de ENACOM.

Mediante un proyecto de resolución, Stolbizer exige que el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, explique la decisión de transferir estos recursos directamente a ARSAT, una medida que considera "ilegal".

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La legisladora se refirió específicamente a la Resolución 541/2024, firmada por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, por la cual se dispuso destinar la suma de 1.500 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) a ARSAT. Stolbizer cuestiona la "razonabilidad y legalidad" de esta resolución.

"Esta medida parece responder a acuerdos previos del gobierno de Alberto y Cristina Fernández," señaló la diputada, recordando que ya se habían transferido previamente tres mil millones de pesos a la empresa de telecomunicaciones estatal.

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Pese a estos antecedentes, Stolbizer considera que la nueva resolución "carece de legalidad" bajo la administración actual y podría ser nula e inválida, lo que implicaría responsabilidad personal para los funcionarios involucrados.

La diputada sostiene que esta decisión supone una disposición ilegal de fondos públicos y viola competencias y mandatos legales, enfrentando, además, la disposición del Presidente Javier Milei, en el artículo 50 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

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El artículo en cuestión establece que las empresas con participación estatal no deben recibir beneficios especiales, ni ventajas en contrataciones o compras, ni ningún tipo de beneficio por parte del Estado.

Stolbizer solicitó que el Gobierno informe cuál fue la autoridad superior que autorizó esta decisión, que "violenta" lo dispuesto por el Presidente Milei en dicho decreto.

La diputada también cuestionó si hubo un dictamen jurídico para dar luz verde a la Resolución 541/2024 y quiénes fueron los funcionarios que dieron viabilidad a la misma.

Otra inquietud de Stolbizer es si se consultó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ya que esta transferencia podría generar un trato discriminatorio hacia otras empresas del sector privado.