


La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, a cargo de Sandra Pettovello y Mariano de los Heros.
La decisión se sustentó en la condena definitiva de Boudou por el caso Ciccone. La sentencia lo inhabilitó para recibir beneficios por su desempeño en funciones públicas. En diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la pena de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
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Boudou percibía $6.309.622 mensuales como pensión vitalicia, correspondiente a su cargo como vicepresidente. La baja se concretó tras un análisis exhaustivo que confirmó la incompatibilidad legal de estos beneficios. "La condena penal agota la instancia judicial ordinaria y afecta el presupuesto legal", detalló el comunicado oficial.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que la coherencia en la gestión de gobierno y las consecuencias razonables de un delito de tal magnitud justifican la medida. El Ejecutivo reforzó su postura señalando el respeto al sistema democrático y la transparencia.
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La baja de Boudou coincide con la eliminación de la pensión de Cristina Kirchner, efectuada horas antes. La misma fundamentación se aplicó en ambos casos: las asignaciones de privilegio resultan incompatibles con condenas definitivas por delitos contra la administración pública.




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