PREOCUPACIÓN POR EL VOTO NEGATIVO DE ARGENTINA EN LA ONU

El Consejo de Procuradores y el Consejo Federal de Política Criminal expresaron preocupación por el voto negativo de Argentina en la asamblea de la ONU.

Actualidad21/11/2024

REDACCIÓN

Voto negativo de Argentina en la ONU

El texto, respaldado por 170 países, instaba a intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluyendo violencia sexual, trata y explotación.

Argentina fue el único país que se opuso a esta iniciativa, lo que generó alarma entre operadores judiciales y expertos en derechos humanos.

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Los presidentes de ambos Consejos, Jorge Miquelarena y Jorge Omar Canteros, firmaron un comunicado expresando su inquietud por esta decisión.

“Fortalecer las políticas contra la violencia de género requiere un compromiso activo de todos los sectores del Estado,” destacaron los Consejos en el comunicado.

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El documento de la ONU busca promover acciones concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia de género. El voto negativo de Argentina es visto como un retroceso en el compromiso con los derechos humanos.

Dras. Rosana Dottori y Genoveva Cardinali, del Observatorio de Violencia de Género, también cuestionaron la postura. “Es una señal alarmante sobre la falta de compromiso estatal con las políticas de género,” señalaron.

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El comunicado subraya que el Poder Ejecutivo debe asumir un papel central en la agenda de género, evitando desatender una problemática que afecta a millones de mujeres.

La decisión ha generado un amplio debate sobre el rol de Argentina en la lucha global contra la violencia de género y los derechos de las mujeres.

“No podemos avanzar si el Ejecutivo elimina sistemáticamente la agenda de género,” advirtieron los miembros del Consejo.

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Organismos de derechos humanos y actores judiciales esperan que esta postura sea revisada para alinear al país con los compromisos internacionales asumidos.

El comunicado firmado por los Dres. Miquelarena y Canteros enfatiza la necesidad de políticas públicas robustas que protejan a las víctimas y garanticen justicia.