


Las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores se encuentran en un punto muerto. Las provincias reclaman fondos millonarios que complican el consenso. El presidente Milei insiste en mantener el déficit cero.
El presupuesto presentado por el Gobierno fue diseñado bajo estrictos lineamientos técnicos. Los gobernadores exigen deudas previsionales y mayor coparticipación. Las demandas ascienden a 3.700 millones de dólares.
"No hay dinero para satisfacer esos pedidos", sostienen desde Casa Rosada. El equipo de Milei rechaza modificar el plan original. La discusión podría reactivarse en sesiones extraordinarias.
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Desde el Gobierno indican que el presupuesto podría votarse en febrero. "Nunca se votó en esa fecha, pero es posible", comentó una fuente. Dependerá de que las provincias acepten el proyecto original.
El presupuesto 2025 incluye ajustes para cumplir con las metas de déficit. Las provincias piden garantías en temas fiscales. Las negociaciones siguen congeladas mientras crecen las tensiones.
La falta de consenso podría derivar en una nueva prórroga presupuestaria. El Ejecutivo ya utilizó esta herramienta en 2023. Milei repetiría la estrategia mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
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La prórroga daría discrecionalidad al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario podría adecuar las previsiones según el contexto. Esto generó críticas de sectores opositores.
Los gobernadores reclaman compensaciones pendientes desde 2017. Exigen mejoras en la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También solicitan cambios en el impuesto a los combustibles líquidos.
El Gobierno insiste en que las provincias deben ceder en sus exigencias. "No podemos gastar lo que no tenemos", remarcaron desde Balcarce 50. La premisa del déficit cero es una línea roja para la administración.
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La oposición señala falta de voluntad política para acordar. Critica la concentración de recursos en manos del Ejecutivo. El conflicto podría tensar aún más la relación entre Nación y provincias.
El presidente Milei defiende su postura como necesaria para estabilizar la economía. Sus equipos técnicos descartan concesiones significativas. La decisión final podría recaer en el decreto presidencial.
El escenario actual muestra una falta de diálogo entre las partes. Las provincias buscan mejorar sus finanzas en un contexto difícil. Mientras tanto, el Ejecutivo prioriza el equilibrio fiscal.
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La posible prórroga genera incertidumbre sobre las políticas de 2025. Expertos advierten sobre los riesgos de continuar sin un presupuesto aprobado. Sin embargo, el Gobierno se muestra firme en su posición.
La discusión presupuestaria refleja tensiones históricas entre Nación y provincias. El desenlace marcará el rumbo político y económico del año próximo. Las expectativas están puestas en posibles acuerdos en febrero.
El Gobierno confía en su estrategia mientras las provincias esperan respuestas. El tiempo dirá si se logra un consenso o se opta por el DNU. La estabilidad económica depende de decisiones clave en las próximas semanas.







