




El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción de la ley contra usurpaciones. “Se terminaron los años donde las víctimas eran los delincuentes”, afirmó. La normativa prioriza la protección de la propiedad privada.
La ley incorpora el artículo 238 bis al Código Procesal Penal de la provincia. Dispone el desalojo inmediato del usurpador. Las víctimas recuperarán su propiedad sin demoras.
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El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial. La Legislatura aprobó la iniciativa este jueves. Busca garantizar justicia ágil para los afectados.
El desalojo puede ser solicitado por el fiscal, la querella o la víctima. Esto se aplica aunque la víctima no sea parte querellante. Solo requiere demostrar verosimilitud en la titularidad.
El gobernador destacó la importancia de esta reforma. “Nuestra responsabilidad es proteger a la gente de bien”, aseguró. Además, remarcó que el delincuente enfrentará consecuencias.
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“Con esta ley, las víctimas ya no tendrán que esperar años”, explicó Torres. “La justicia debe servir a las víctimas”, añadió. La normativa es un avance en la protección ciudadana.
El vicegobernador Gustavo Menna explicó los alcances de la ley. La medida evita el doble sufrimiento de las víctimas. Antes, debían esperar al cierre de un largo proceso penal.
Ahora, el desalojo será inmediato tras acreditarse la propiedad. Esto incluye inmuebles urbanos y rurales. Las autoridades buscarán aplicarla sin demoras.
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La sanción refuerza el compromiso del gobierno provincial. Torres prometió ir hasta el fondo con estos casos. La ley establece un precedente en la región.



