


El Gobierno oficializó un nuevo régimen de contrataciones. Cada alta en el Estado requerirá tres bajas previas. La medida busca optimizar los recursos y reducir el gasto público.
Federico Sturzenegger explicó los cambios en un comunicado. "La motosierra continúa", afirmó el ministro. Este esquema se enmarca en las políticas de ajuste del presidente Milei.
El Decreto 1148/24 prohíbe designaciones en varios sectores. Incluye plantas transitorias, contrataciones a término y servicios autónomos. Solo ciertas áreas específicas están exentas.
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Los sistemas de Ciencia y Tecnología y el Servicio Exterior están excluidos. También se exceptúan algunos puestos en hospitales y universidades. Estas excepciones buscan garantizar áreas esenciales.
Los contratos tendrán un límite de seis meses. Cualquier alta posterior al 1 de enero de 2025 no podrá superar el 30 de junio. Esto aplica a todo el sector público.
Las jurisdicciones deberán justificar cada nueva designación. El pedido debe ser aprobado por la Subsecretaría de Modernización. La medida se alinea con los objetivos de la gestión.
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El decreto exige un examen obligatorio de competencias. Quienes no aprueben no podrán renovar contratos en 2025. Esto regirá a partir de marzo del próximo año.
Las empresas estatales también adoptarán estas políticas. Deberán implementar ajustes similares a los del sector público. Este cambio busca uniformidad en la administración estatal.
La normativa afecta a miles de trabajadores. Las condiciones laborales en el Estado cambiarán significativamente. Se espera impacto en las estructuras orgánicas funcionales.
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El Ejecutivo justificó la medida por la emergencia pública. El objetivo es "optimizar recursos asignados a designaciones y contrataciones". Así lo establece el considerando del decreto.
Los gremios estatales expresaron preocupación. Advierten sobre posibles despidos masivos y precarización laboral. Algunos sectores ya convocaron a reuniones de emergencia.
Las restricciones también incluyen cobertura transitoria de cargos. Solo los puntos estratégicos tendrán aprobación automática. Esto refuerza la intención de achicar la estructura estatal.







