BELLIBONI IRÍA A JUICIO POR DELITOS CON EL POTENCIAR TRABAJO

El pedido de elevación a juicio fue firmado este lunes. El juez Sebastián Casanello dio por concluida una parte de la investigación y giró el caso a las partes. Se aguarda la decisión final del Tribunal.

Belliboni y otros acusados fueron procesados por su rol en el manejo del programa. La fiscalía señala que se montó un sistema de control sobre los beneficiarios. Se habrían usado amenazas e intimidaciones para condicionar su voluntad.

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Según la acusación, la organización buscaba obtener un beneficio económico indebido. La fiscalía describió el esquema como “extorsivo-coactivo”. Los beneficiarios debían entregar parte de la ayuda estatal y participar en actividades políticas.

La investigación se inició tras denuncias anónimas y un informe del Gobierno de Javier Milei. Se alegaron presiones para asistir a marchas y piquetes. También se descubrieron facturaciones falsas para simular gastos.

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El dictamen de la fiscalía supera las 279 páginas. Se probó la apropiación de fondos públicos destinados a planes sociales. Los acusados desviaron millonarias sumas de dinero.

El procesamiento de Belliboni fue confirmado por la Cámara Federal porteña. Otros 16 imputados también enfrentarán juicio. Se investiga además la participación de funcionarios nacionales en el esquema.

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Desde junio de 2020 hasta marzo de 2024, se ejecutó esta matriz delictiva. Se valieron de la vulnerabilidad social para obtener poder y dinero. Las víctimas fueron privadas de una mejor calidad de vida.

El fiscal Pollicita aseguró que el Polo Obrero defraudó al Estado. Se utilizaron los subsidios para fines personales y políticos. La apropiación ilegítima de fondos será central en el juicio.

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El juicio oral buscará determinar las responsabilidades individuales. Se espera que el proceso judicial inicie en los próximos meses. La fiscalía presentará todas las pruebas recolectadas.

La comunidad política sigue con atención el desarrollo del caso. El Gobierno insiste en la necesidad de transparencia en los planes sociales. Se busca evitar la repetición de estas prácticas.

El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública. Organizaciones sociales expresaron posturas divididas sobre el tema. Mientras algunos denuncian persecución, otros exigen justicia.