UNA PROVINCIA REALIZARÁ TEST DE NARCOLEMIA A FUNCIONARIOS
Un sorteo definirá quiénes deberán someterse al examen toxicológico, que incluirá la detección de marihuana, cocaína y anfetaminas, entre otras.
Actualidad10/02/2025
REDACCIÓN
Narcolemia
El Gobierno de San Luis implementará una medida inédita. A partir del lunes 17 de febrero, se realizarán test toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa busca detectar el consumo de marihuana, cocaína y anfetaminas, entre otras drogas.
El sorteo se realizará a través de la Lotería. Cada funcionario recibirá un número y se seleccionarán 100 personas para el examen. El costo del análisis será cubierto por los propios funcionarios.
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La medida afecta a 1.500 funcionarios provinciales. Incluye jueces, ministros, diputados e incluso al gobernador. La prueba se repetirá mensualmente con nuevos seleccionados.
El test será realizado por la Universidad de San Luis. Si el resultado es positivo, se requerirá una contraprueba en la Universidad de Córdoba. Este segundo análisis será más costoso y también deberá ser abonado por el implicado.
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La ley establece una lista detallada de sustancias a detectar. Incluye marihuana, cocaína, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos y éxtasis. El objetivo es garantizar un control exhaustivo.
El resultado positivo será analizado en detalle. Dependiendo de la concentración, se evaluarán medidas de contención. En casos específicos, se derivará a programas de prevención de adicciones.
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La normativa excluye el consumo de drogas recreativas en bajas dosis. El test está diseñado para detectar consumos significativos y no es invasivo. Se busca generar transparencia sin criminalizar el consumo ocasional.
San Luis se convierte en la primera provincia en aplicar esta medida. El impacto de la iniciativa será evaluado tras las primeras pruebas. Otras jurisdicciones podrían seguir el mismo camino.
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Las autoridades destacan la importancia de la ética pública. El secretario de Ética y Control de Gestión, Ricardo Bazla, explicó que es un avance en la transparencia institucional. Se espera que la implementación sea ordenada y sin conflictos.
El proceso de selección será totalmente aleatorio. Se busca evitar discrecionalidad y garantizar equidad en la aplicación de la norma. La ciudadanía podrá seguir de cerca los resultados.
La reacción entre los funcionarios ha sido diversa. Algunos apoyan la medida como un paso hacia la transparencia, mientras que otros cuestionan su efectividad. El debate continúa en el ámbito político y social.
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