Federico Ruffa
La presentación de la apelación en la causa por la supuesta "masacre que no fue" se suma a un nuevo episodio que expone la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal y la imparcialidad del Poder Judicial. "Es evidente que acá todos los actores judiciales han perdido absolutamente la objetividad que debe tener el Ministerio Público Fiscal y la imparcialidad que deben pregonar y ejercer los jueces", sostuvo el abogado Federico Ruffa en una entrevista con #LA17.
La audiencia de cámara para la revisión de la condena está fijada para el próximo 7 de mayo. Ese mismo día también se analizará la negativa de suspender el juicio a prueba, lo que según Ruffa representa una situación insólita. "Es como que te programen el mismo día una operación de corazón y la autopsia", comparó.
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Uno de los puntos que generan mayor controversia es el avance de un proyecto de ley que busca ampliar los límites del área natural protegida de Punta Tombo. "Lo presentaron pocos días después de conocerse la sentencia", afirmó Ruffa, quien detalló que los propietarios afectados hicieron presentaciones en la legislatura con el fin de ser escuchados. "Es una cosa básica dentro de cualquier sistema democrático, pero parece que no hay voluntad de diálogo".
Según detalló, el proyecto de expropiación impulsado por el bíologo Pablo Borboroglu propone la apropiación de toda la costa de un campo privado, aunque no toda la extensión cuenta con presencia de pingüinos. "Si la excusa es la protección de los pingüinos, no se entiende por qué se busca expropiar toda la costa del campo".
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Lo llamativo es que la expropiación no incluye un terreno lindante, que cuenta con presencia de pingüinos, pero pertenece a otro propietario. "Uno tiene derecho a sospechar que el objetivo no es la protección de la fauna, sino afectar a un dueño en particular", aseguró Ruffa.
También advirtió sobre el alto costo que esta expropiación tendría para la provincia. "Si le quitás una franja de tierra productiva a un establecimiento agropecuario, el propietario podría exigir que le expropien todo el campo", explicó. Esto generaría un desembolso millonario para el Estado, cuando existen mecanismos más accesibles para garantizar la protección de la fauna.
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Otro de los puntos que generan cuestionamientos es la aparente vinculación de la fiscal Florencia Gómez con los impulsores del proyecto de expropiación. "Un colega la vio caminando en la playa con una campera de Global Penguin Society, la ONG que impulsa esta iniciativa", denunció Ruffa. Si bien aclaró que la situación no constituye un delito, la señaló como una actitud poco ética. "Es preocupante ver a la fiscal identificándose con una organización que impulsa un proyecto de ley que afecta a su propio caso".
A esto se suma otro dato inquietante: el proyecto de ley de expropiación cuenta con la firma del asesor general de Gobierno, quien es esposo de la fiscal Gómez. "Si bien no hay una incompatibilidad legal directa, al menos genera un conflicto ético evidente", sostuvo Ruffa.
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El abogado también se refirió a la situación de la familia afectada por la expropiación. "Son productores rurales que han vivido toda su vida del campo y ahora los demonizan por tener vacas", denunció. Además, remarcó que en el establecimiento vive un miembro de la familia con problemas de salud, que podría verse afectado si los expulsan de su hogar.
Sobre la audiencia del 7 de mayo, Ruffa destacó que aún falta mucho tiempo y pueden surgir nuevos hechos. "Nos habían dicho que había voluntad de repensar este proyecto, pero en la legislatura siguen avanzando sin escuchar a la familia afectada".
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Finalmente, recordó que en Chubut históricamente se lograron crear áreas naturales protegidas sin conflictos con los propietarios de la tierra. "Antonio Torrejón logró establecer un sistema sin pelear con nadie, ahora parece que quieren romper esa tradición".
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