DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL PERMISO DE USO DE AGUA BAGUALES

La resolución del Departamento Provincial de Aguas (DPA) generó controversia en Río Negro. Autorizó al complejo invernal Baguales a instalar tres hidroeléctricas sin intervención legislativa.

El Código de Aguas exige que estos permisos sean aprobados por ley especial. Magdalena Odarda denunció que el gobierno provincial incumplió con este requisito.

El DPA otorgó la autorización mediante una simple resolución administrativa. La medida favoreció a Río Villegas SA, controlada por empresarios qataríes y el extenista Gastón Gaudio.

Odarda advirtió que se omitió la convocatoria a una audiencia pública. También denunció que no se consultó a las comunidades indígenas que habitan la zona.

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El permiso permite a la empresa captar y turbinar agua del arroyo Baguales. La concesión es por 30 años y habilita un caudal de hasta 350 litros por segundo.

El complejo Baguales está ubicado en plena cordillera, entre Bariloche y El Foyel. La instalación de hidroeléctricas afectará un ecosistema frágil.

Odarda presentó un proyecto de ley para revocar la autorización del DPA. Además, pidió al gobernador Weretilneck que intervenga y anule la medida.

Solicitó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas determine responsabilidades. Exige sanciones para los funcionarios que aprobaron la resolución.

La legisladora recordó que la empresa Hidden Lake, de Joe Lewis, obtuvo una concesión similar. Sin embargo, su permiso fue aprobado por la Legislatura tras un largo debate.

“No se puede conceder un recurso público a un emprendimiento privado de lujo”, denunció Odarda. Cuestionó que se prioricen negocios privados sobre el derecho al acceso al agua.

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El proyecto Baguales busca generar energía para abastecer su propio complejo. No está previsto que se integre al sistema eléctrico nacional.

Odarda insistió en que se incumplieron normas ambientales y de transparencia. Pidió acceso al expediente completo para conocer en detalle el proceso.

Denunció que el gobierno provincial manejó el tema con sigilo. La autorización se publicó en el Boletín Oficial sin mayor difusión.

La explotación de una cantera cercana también genera sospechas. Se investiga si los áridos extraídos se usan para la construcción de las hidroeléctricas.

Vecinos de la zona afirman que la cantera no tiene habilitación de Minería. Odarda pidió informes al Ejecutivo provincial para verificar su legalidad.

Exige que se cumpla con la consulta a comunidades indígenas. Recordó que el convenio 169 de la OIT establece este derecho.

El gobierno provincial aún no respondió a los cuestionamientos. Se espera que el tema sea tratado en la Legislatura en las próximas semanas.

El acceso al agua es un derecho fundamental. Sin embargo, decisiones como esta priorizan negocios privados sin considerar el interés público.