EL GOBIERNO CREA UNA UNIDAD PARA INVESTIGAR EL ESCÁNDALO DE $LIBRA

El Gobierno nacional estableció una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para indagar sobre el escándalo de $LIBRA. El decreto 114/2025, publicado en el Boletín Oficial, instruye a la Oficina Anticorrupción a iniciar averiguaciones sobre el uso del criptoactivo en la administración pública. La medida llega luego de que Javier Milei promocionara la memecoin en sus redes.

Según el documento oficial, la unidad se creó bajo los principios de "publicidad y transparencia en la gestión pública". El objetivo es garantizar el control democrático de la ciudadanía sobre la conducta de los funcionarios. El Ejecutivo busca disipar sospechas y responder a las críticas surgidas tras la promoción de la criptomoneda.

La UTI tendrá como función reunir documentación y pruebas relacionadas con $LIBRA. Su misión será "colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal". Para ello, podrá requerir información a funcionarios públicos y organismos nacionales e internacionales.

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El decreto especifica que la unidad no podrá emitir juicios sobre la causa. "No podrá pronunciarse sobre hechos que sean competencia del Poder Judicial", aclara el texto. Sin embargo, se espera que sus hallazgos sean determinantes para avanzar en la investigación.

La polémica estalló cuando Milei promocionó $LIBRA en su cuenta de Twitter el pasado viernes. El tuit presidencial impulsó el valor de la memecoin y generó acusaciones de manipulación del mercado. Desde entonces, el Gobierno es cuestionado por su rol en la difusión del activo digital.

El documento oficial enfatiza que la creación de la unidad no generará gastos adicionales para el Estado. "No irrogará gasto alguno para el Estado Nacional", señala el decreto. Una vez finalizada su tarea, la UTI será disuelta sin más intervención.

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La Oficina Anticorrupción será clave en el desarrollo de la investigación. Desde el Ejecutivo aseguran que la medida responde a un compromiso con la "transparencia y la lucha contra la corrupción". Sin embargo, sectores críticos acusan al Gobierno de intentar controlar la narrativa del escándalo.

Javier Milei firmó la resolución junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos ratificaron el compromiso de su gestión con la eliminación de privilegios y la honestidad en la función pública. La estrategia del Gobierno apunta a disipar sospechas antes de que el caso escale aún más.