La Unidad de Información Financiera reveló maniobras sospechosas con fondos municipales en varias provincias. Se detectaron extracciones en efectivo.
Política25/02/2025
Sergio Bustos
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso un presunto esquema de corrupción que involucra retiros irregulares por al menos $45.000 millones de municipios en Tucumán, Salta y Catamarca. La denuncia indica que empleados municipales realizaron extracciones en efectivo y utilizaron los fondos para comprar dólar MEP.
La investigación preliminar indica que en algunas localidades se retiraron hasta $20 millones en efectivo por ventanilla, sin justificación clara. Estas operaciones se incrementaron en los meses previos a las elecciones de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
El mecanismo identificado por la UIF consistía en:
Extracciones de grandes sumas de dinero en efectivo desde cuentas municipales.
Depósitos en cuentas personales de empleados públicos sin capacidad de ahorro.
Compra de dólar MEP y posterior retiro en efectivo.
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Uno de los casos más graves se registró en La Banda del Río Salí, Tucumán, donde se extrajeron más de $17.000 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. La municipalidad realizó los retiros mediante la operatoria "cheque por ventanilla" en el Banco Macro, lo que generó alertas en la entidad financiera.
La UIF informó que estas maniobras también se detectaron en otras ciudades de Tucumán, así como en municipios de Salta y Catamarca. Estas provincias lideran el ranking de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), enviados por bancos y entidades financieras.
El informe fue girado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral. Se investiga si los fondos desviados fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2023.
Según fuentes judiciales, las maniobras habrían disminuido en 2024, lo que refuerza la sospecha de que el dinero tuvo un destino político específico.
Funcionarios de la UIF afirmaron que "las pruebas recabadas muestran un patrón de movimientos financieros que no corresponden con la actividad municipal y sugieren un uso indebido de fondos públicos."
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En el caso de La Banda del Río Salí, el intendente Gonzalo Monteros aún no respondió a las acusaciones. Su padre, Darío Monteros, es el actual ministro del Interior de Tucumán y está vinculado al gobernador Osvaldo Jaldo.
La UIF destacó que "la ley 25.256 obliga a bancos y entidades financieras a reportar operaciones sospechosas a fin de prevenir el lavado de dinero." Las entidades bancarias cumplieron con este requisito al alertar sobre las irregularidades en los municipios.
Desde la Casa Rosada confirmaron que siguen de cerca la investigación y que se espera una respuesta judicial. El gobierno nacional evaluó la posibilidad de intervenir los municipios involucrados si se confirma la malversación de fondos.
El caso ya generó repercusiones en la oposición, que pidió informes en el Congreso. Legisladores nacionales solicitaron explicaciones al Ministerio del Interior sobre las transferencias de fondos a los municipios investigados.
"Si se confirma que estos recursos se usaron para financiar campañas, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción municipal en décadas", afirmó un referente opositor.
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El expediente está ahora en manos de la Justicia Federal, que podría citar a intendentes y funcionarios municipales para que expliquen el origen de los fondos retirados.
"El patrón de movimientos bancarios es incompatible con la operación habitual de una municipalidad. Se observan conductas que podrían encuadrar en delitos como malversación de fondos y lavado de activos", indicaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, en Tucumán, Salta y Catamarca se multiplican los pedidos de explicaciones de los ciudadanos, que exigen transparencia en la administración municipal.
Desde la Procuraduría anticiparon que, de confirmarse las irregularidades, se podrían dictar medidas cautelares para congelar cuentas y evitar que los fondos sigan siendo desviados.
Los municipios investigados podrían afrontar sanciones severas si la Justicia determina que los recursos fueron utilizados en forma indebida. La expectativa está puesta en las próximas semanas, cuando se espera que avancen las citaciones a los funcionarios implicados.
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