LA FISCAL QUE LIBERÓ A UNO DE LOS ASESINOS DE KIM FUE PROPUESTA PARA JUEZA

La decisión de postular a Sabrina Cladera, actual fiscal de Menores N° 1 de La Plata, para integrar la Cámara de Apelaciones desató una fuerte controversia, luego de que trascendiera que fue ella quien, el pasado 1° de febrero, ordenó la liberación de uno de los menores que días después mató a la niña Kim, de 7 años, en un brutal robo.

El joven de 17 años, identificado como T. G., había sido detenido a principios de mes por intentar sustraer un vehículo bajo una modalidad similar a la que terminó con la vida de la pequeña. Sin embargo, fue restituido a sus padres sin siquiera solicitarse su detención formal ante el Juzgado de Menores, una decisión que hoy genera indignación en redes sociales y en distintos sectores políticos.

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El asesinato de Kim, ocurrido el martes en La Plata, conmocionó al país. La niña fue arrastrada con el vehículo que le robaron a su madre, sufriendo múltiples heridas y fracturas que le provocaron la muerte. Su atacante era el mismo joven de 17 años liberado por Cladera, quien esta vez actuó junto a otro menor de 14 años.

El caso provocó un fuerte repudio en redes sociales, donde se cuestionó la responsabilidad de la fiscal en la falta de medidas preventivas. Entre las críticas más resonantes, la legisladora Florencia Arietto señaló que Cladera había dejado en libertad al menor sin siquiera pedir su detención, a pesar de los antecedentes delictivos.

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Cladera, de 48 años, fue designada fiscal en 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal y ha intervenido en casos de menores involucrados en hechos delictivos. En 2024, por ejemplo, ordenó una investigación cuando una niña de 13 años fue descubierta con un arma en su mochila dentro de un colegio de La Plata.

Ahora, su nombre aparece en la lista de funcionarios judiciales impulsados por el gobernador Axel Kicillof para acceder a un cargo en la Cámara de Apelaciones. La propuesta fue motorizada por el ministro Juan Martín Mena, generando un fuerte rechazo en la oposición, que acusa a la gestión bonaerense de premiar a funcionarios con posturas permisivas en delitos cometidos por menores.

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Mientras se espera la resolución sobre su ascenso, el caso sigue generando debate en torno a la responsabilidad de jueces y fiscales en la aplicación de medidas contra menores infractores. En tanto, el padre de T. G., visiblemente afectado, pidió a las autoridades que su hijo "se pudra en la cárcel", reconociendo el daño irreparable causado por su accionar.