JUSTICIA ORDENA A DOCENTE DEVOLVER $33 MILLONES POR COBROS INDEBIDOS

Un fallo histórico determinó que una exfuncionaria provincial cobró dos sueldos sin trabajar en ambos cargos. Lo definió un tribunal de Río Negro.

Actualidad28/02/2025Sergio BustosSergio Bustos
viedma patagones
La justicia de Viedma condenó a la ex funcionaria.

Un fallo judicial sacudió a Río Negro tras confirmar una grave irregularidad administrativa. Luego de una exhaustiva investigación del Tribunal de Cuentas, se determinó que una docente y exfuncionaria de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) cobró de manera indebida dos sueldos durante más de un año. "Histórico fallo: una docente tendrá que devolver 33 millones de pesos por cobros indebidos", informó el Tribunal de Cuentas. La sentencia confirmó que Mariela Maidana percibió haberes tanto de la Senaf como de la Escuela Primaria N°184 de Las Grutas, sin cumplir funciones en la institución educativa.

Maidana fue directora de Instituciones en la Senaf mientras figuraba también como vicedirectora de la escuela, pero nunca pidió licencia para evitar la superposición de cargos. La investigación demostró que esta situación se extendió entre enero de 2020 y diciembre de 2021, generando un perjuicio económico para el Estado provincial. La docente argumentó en su defensa que había notificado su designación política y que asumió que su salario provenía exclusivamente de la Senaf. No obstante, las autoridades rechazaron su explicación y la declararon responsable del daño patrimonial.

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El Juzgado Contencioso Administrativo N°13 de Viedma dictó sentencia y confirmó el monto a devolver. El fallo establece que Maidana deberá restituir $21.185.800,77 en capital, a lo que se suman $11.816.380 por intereses y costas legales. En total, la suma asciende a más de $33 millones. Además, se fijaron honorarios judiciales por $2.446.959, lo que incrementa la carga económica para la exfuncionaria.

El juez Julián Fernández Eguía ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de Maidana, asegurando el cumplimiento de la sentencia. La exfuncionaria dispone de 10 días para efectuar el pago o presentar una oposición formal. En caso de incumplimiento, se procederá con la ejecución del embargo y la liquidación de sus bienes para cubrir la deuda. "Este fallo fortalece la transparencia en la gestión de los recursos estatales", indicaron fuentes judiciales.

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Desde el gobierno provincial destacaron la importancia de este fallo como precedente para futuras auditorías sobre irregularidades en la administración pública. La decisión judicial también reaviva el debate sobre los controles en la percepción de sueldos dentro del Estado, ya que casos similares podrían ser detectados mediante nuevas investigaciones.

Este fallo podría impactar en la política de la provincia, ya que podría derivar en futuras reformas que busquen fortalecer la fiscalización de los fondos públicos. Organismos de control han advertido que es necesario reforzar los mecanismos de verificación en la administración estatal para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Mientras tanto, la sociedad sigue con atención el desenlace de este caso.

   

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