


El Gobierno nacional anunció este lunes una decisión de alto impacto institucional: el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación total de la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. La medida, que también alcanza a informes producidos en otros períodos pero relacionados con las Fuerzas, fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en un mensaje grabado desde la Casa Rosada.
Según explicó Adorni, la medida da cumplimiento efectivo al Decreto 4/2010, firmado hace 15 años, pero que "nunca fue implementado completamente". Ese decreto, firmado durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, establecía la desclasificación de información relacionada con violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Sin embargo, grandes volúmenes de documentación permanecieron bajo secreto.
Con la nueva disposición, la totalidad de esos archivos pasarán desde la órbita de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, que será el encargado de su conservación y custodia. El objetivo oficial, según se comunicó, es garantizar el acceso público a información clave para la reconstrucción histórica de uno de los períodos más oscuros del país.
“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras, y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esa información secreta”, afirmó Adorni, quien criticó duramente a gestiones anteriores por mantener bajo reserva ese material. “A pesar de los eslóganes vacíos sobre el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya uno a saber con qué fines”, agregó el portavoz.
La decisión del Ejecutivo se conoce en el marco de las actividades y conmemoraciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se recuerda cada 24 de marzo. Aunque no fue mencionado explícitamente, el anuncio busca enviar un mensaje simbólico en medio del debate sobre la memoria histórica en la Argentina.
La desclasificación de los archivos podría arrojar luz sobre crímenes, operaciones encubiertas, complicidades civiles y redes de inteligencia que operaron durante y después de la dictadura. Su apertura plena, sin restricciones, constituiría un hecho sin precedentes en el acceso a información sobre violaciones de derechos humanos.



