El Senado reactivó el debate por la ampliación de la Corte Suprema en medio de fuertes críticas

La jornada comenzó pasadas las 11 y reunió a figuras de peso en el ámbito jurídico. María Esther Cafure de Battistelli, representante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), abrió el panel subrayando la urgencia de incorporar una perspectiva de género al análisis institucional. Según sostuvo, la inclusión de mujeres en la Corte no debería ser vista como una concesión, sino como una herramienta para combatir las desigualdades estructurales que persisten dentro del sistema judicial. Su intervención fue apoyada más tarde por la jueza del Superior Tribunal de Río Negro, Liliana Piccinini, quien señaló que la paridad no puede seguir postergándose bajo pretextos institucionales.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la exposición del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien reconoció que ampliar la cantidad de miembros puede resultar relevante, pero advirtió que sin una reforma integral del funcionamiento de la Corte no se logrará una mejora sustancial. Para el académico, el debate debe abarcar la redacción de una nueva ley orgánica que modifique en profundidad los procedimientos, atribuciones y dinámicas internas del tribunal. Sostuvo además que debatir la cantidad de jueces de forma aislada es apenas un paso menor, y propuso que el número ideal de integrantes sea de 9, 11 o incluso 13, tomando como referencia modelos históricos y de derecho comparado.

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Por su parte, Ricardo Gil Lavedra expresó su férrea oposición a la modificación del número de jueces en el contexto actual. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal argumentó que una reforma de estas características podría agravar la ya deteriorada confianza ciudadana en el Poder Judicial. “Estamos frente a una Justicia desacreditada, con niveles bajísimos de institucionalidad. En ese marco, modificar la Corte no es una solución, sino un síntoma de mayor inestabilidad”, aseveró. Aunque respaldó la necesidad de avanzar en cuestiones de género y de federalismo, fue enfático en que una reconfiguración del tribunal requiere consenso político y legitimidad social, factores que, según su visión, hoy están ausentes.

Tanto Gil Domínguez como Gil Lavedra coincidieron en la necesidad de que los futuros nombramientos surjan de consensos políticos amplios, alejados de lógicas de reparto partidario. En ese sentido, Gil Lavedra propuso reemplazar la tradicional negociación de "cuotas" por un acuerdo basado en la “no objeción”, es decir, consensuar figuras intachables que no generen resistencia y que ayuden a recuperar el prestigio del tribunal. “La calidad de los candidatos determinará la posibilidad de construir acuerdos duraderos”, subrayó.

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El plenario también contó con la participación de Piccinini, quien centró su intervención en la necesidad de fortalecer una agenda judicial con enfoque de género. Señaló que la paridad debe extenderse más allá de las designaciones de la Corte, alcanzando todas las políticas internas de los tribunales. Afirmó que garantizar la igualdad no debe ser una declamación, sino una herramienta real para consolidar la calidad democrática del sistema judicial argentino.

La convocatoria al panel fue impulsada por la senadora Alejandra Vigo, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y representa el segundo encuentro formal sobre esta cuestión, en un cronograma que podría continuar después del receso de invierno. Según trascendidos parlamentarios, el dictamen de comisión recién podría conocerse entre agosto y septiembre, aunque las posiciones internas dentro del oficialismo y la oposición aún están lejos de coincidir.

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Actualmente, se analizan varios proyectos legislativos que apuntan a ampliar la Corte Suprema. Entre ellos, se destacan el impulsado por el senador Juan Carlos Romero, que propone elevar el número de miembros de cinco a nueve, y el de la senadora Mónica Silva, que también plantea una integración de nueve jueces. El kirchnerismo, en cambio, reflotó una iniciativa más ambiciosa que busca llevar el número a quince, mientras que en el peronismo federal, el jefe de bancada José Mayans se mostró dispuesto a acompañar una ampliación intermedia a siete integrantes, lo que podría funcionar como punto de encuentro entre las distintas posturas.

En definitiva, el debate sobre la Corte Suprema volvió a instalarse con fuerza en la agenda legislativa. A pesar de las tensiones políticas y las diferencias de criterio, tanto los defensores como los críticos de la reforma coinciden en un diagnóstico común: la actual estructura del máximo tribunal argentino requiere una actualización seria, sustentada en acuerdos amplios, principios democráticos y un profundo sentido institucional. Lo que resta por ver es si el sistema político está en condiciones de ofrecer esas garantías.

Fuente: N A