

Alberto Baños presentó este jueves su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, decisión que fue confirmada por fuentes oficiales y que marca el cierre de una etapa compleja dentro del Ministerio de Justicia. El ex juez penal había asumido el cargo al inicio del gobierno de Javier Milei, en una estructura que este año pasó de Secretaría a Subsecretaría como parte de la reorganización interna impulsada por la administración nacional.


Baños respondía directamente al ministro Mariano Cúneo Libarona, quien semanas atrás había anunciado su intención de dejar el gabinete tras la derrota electoral en Buenos Aires, aunque finalmente decidió permanecer por un tiempo más. La salida del subsecretario se produce en un clima de tensiones acumuladas, en medio de un escenario donde las definiciones políticas y los alineamientos internos se encuentran en revisión constante.
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El punto más crítico de la gestión de Baños ocurrió en noviembre, cuando sus declaraciones ante el Comité contra la Tortura de la ONU generaron un fuerte rechazo. En aquella intervención, afirmó que existía un “negocio” en torno a la defensa de los derechos humanos y cuestionó lo que definió como una “memoria sesgada” sobre los desaparecidos durante la última dictadura. Sus dichos provocaron respuestas inmediatas de organizaciones del sector, referentes políticos y especialistas en la materia.
Las críticas se profundizaron después de que Baños insistiera en que la gestión buscaba aplicar una “memoria amplia” frente a lo que describió como interpretaciones impulsadas por “ideólogos del pasado”. Sus afirmaciones fueron interpretadas como un intento de relativizar políticas históricas de memoria, verdad y justicia, lo que incrementó el malestar dentro y fuera del Gobierno.
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Tras la renuncia, no hubo precisiones oficiales sobre quién lo reemplazará ni sobre posibles cambios en la estructura de la Subsecretaría. El área ya mantenía una relación tensa con los organismos históricos de derechos humanos, y la salida de Baños abre un nuevo capítulo en la reconfiguración interna del Ministerio de Justicia en un momento de redefinición de políticas públicas.
La dimisión deja en evidencia las dificultades que atravesó la gestión para sostener un equilibrio entre las líneas políticas del Gobierno y las demandas de los organismos especializados. La Subsecretaría vuelve así a quedar en el centro del debate, en un contexto donde la agenda de derechos humanos enfrenta uno de sus períodos más sensibles desde la transición democrática.




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