Bolivia militariza la frontera con Argentina para frenar el “contrabando a la inversa”

Bolivia decidió militarizar los pasos fronterizos con Argentina como parte de una estrategia para frenar el creciente “contrabando a la inversa”. Esta modalidad, como la define el propio gobierno, consiste en la salida ilegal de productos de primera necesidad hacia ciudades argentinas, incentivada por los precios más bajos del mercado boliviano frente a la crisis económica regional.

La medida fue adoptada en medio de un contexto inflacionario que golpea al país desde hace más de un año. “No solo estamos abasteciendo nuestro mercado, también alimentamos a las ciudades vecinas”, explicó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, al justificar el refuerzo de controles en los municipios de Villazón (Potosí) y Bermejo (Tarija).

Efectivos de la Policía Militar fueron desplegados en esos puntos calientes de la frontera con Argentina para evitar la fuga de alimentos de la canasta básica, combustibles subvencionados y garrafas de gas licuado, que se venden en territorio argentino a precios significativamente más altos.

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“El litro de nafta o diésel en Bolivia cuesta cerca de 0,53 dólares, una tercera parte del precio internacional”, destacó el Gobierno, que además admitió dificultades para abastecer la demanda interna de combustibles debido a la escasez de dólares para importación. Esta situación provocó largas filas y desabastecimiento en distintas regiones del país, intensificando la preocupación social.

El año pasado, la inflación rozó el 10%, la cifra más alta desde 2008, y forzó al Ejecutivo a implementar una batería de medidas de control, entre ellas el veto a ciertas exportaciones, operativos contra la especulación y mayor vigilancia aérea y terrestre en zonas de frontera.

A estas acciones se suma ahora la intensificación de la presencia militar no solo en la frontera sur, sino también en otros puntos limítrofes estratégicos. Así lo confirmó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, quien detalló que el nuevo operativo incluye controles en estaciones de servicio y cisternas de transporte de combustible.

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Según datos oficiales, Bolivia pierde unos 600 millones de dólares anuales por contrabando de combustible, lo que representa una fuga económica crítica en un momento de máxima tensión fiscal.

La militarización fronteriza refuerza el objetivo del Gobierno de preservar los “precios justos” en el mercado interno, en un contexto donde la presión de los mercados vecinos convierte a productos básicos bolivianos en mercancía codiciada al otro lado de la frontera.