Represas del Comahue: El gobierno anuncia definiciones y las provincias reclaman participación

Actualidad01/04/2025

Las represas del Comahue en la mira.

El Gobierno nacional anunció que la licitación de las represas del Comahue se encuentra en su etapa final. Lo confirmó el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, durante el foro Vaca Muerta Insights 2025. Allí explicó que pronto se darán a conocer los pliegos definitivos. “Estamos por cerrar los pliegos”, afirmó el funcionario en un evento clave para el sector energético.

Las represas incluidas son El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Están ubicadas sobre el curso del río Limay y el Neuquén. Integran el sistema energético nacional. Fueron concesionadas en los años noventa. Esas concesiones comenzaron a vencer entre 2023 y 2024. La Nación se prepara para un nuevo esquema. Las provincias reclaman lugar en la discusión.

González detalló que el proceso no busca apresurarse. La estrategia consiste en avanzar de manera ordenada. “No queremos desajustar el tablero de ajedrez”, señaló. La frase generó ruido en algunos sectores. Las provincias no comparten esa calma. Plantean que la transición no puede dejar afuera a los territorios involucrados.

La Nación anticipó que Neuquén y Río Negro serán consultadas antes de tomar decisiones finales. La consulta apuntará a dos aspectos sensibles. Uno es el canon que pagarán las nuevas operadoras. El otro es la administración del recurso hídrico. Ambos temas concentran el reclamo provincial desde hace más de un año.

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El canon es clave para las finanzas provinciales. Representa un ingreso por el uso del recurso natural. El agua pertenece a las provincias. Su aprovechamiento debe contemplar una compensación. Sin ese acuerdo, el esquema sería unilateral. Y por eso, conflictivo.

El otro tema es el manejo del agua. Las represas no solo producen energía. También regulan caudales. Afectan el riego, la vida de comunidades ribereñas, la fauna y la dinámica ecológica. Las provincias exigen ser parte de esa gestión. No quieren decisiones impuestas desde Buenos Aires.

Las represas son estructuras complejas. Tienen impacto en todo el valle. Modifican los ciclos naturales. Alteran el uso del suelo. Cambian la lógica de producción. El agua es más que energía. Es vida, territorio y soberanía.

El gobierno nacional plantea una privatización gradual. No habrá una transferencia total inmediata. Se buscará un modelo escalonado. El mercado recibirá señales. Pero las provincias no quieren quedar como observadoras.

Durante su exposición, González habló de “maraña de regulaciones”. Dijo que el sistema actual está desordenado. Reconoció que hay normas superpuestas. Falta claridad operativa. “Tenemos que desarmar esa maraña para normalizar el mercado eléctrico”, afirmó.

Neuquén y Río Negro no se oponen al proceso. Pero reclaman claridad. Exigen intervención en cada etapa. Quieren opinar sobre los pliegos. Participar de la planificación. Incidir en los contratos. La energía también es política. Y el agua es poder.

El federalismo energético está en juego. Las provincias quieren ejercer su autonomía. La Constitución reconoce el dominio originario sobre los recursos naturales. Las leyes deben respetar ese principio. No se trata solo de concesionar. Se trata de repartir decisiones.

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El anuncio del cierre de los pliegos llegó sin consulta previa. Eso generó malestar. Las provincias se enteraron por los medios. El diálogo prometido todavía no se concretó. La forma también importa. El respeto institucional empieza por los modos.

Las represas tienen un rol estructural. Aportan gran parte de la generación hidroeléctrica del país. Su mantenimiento es costoso. Su operación requiere profesionalismo. Pero el modelo de gestión puede variar. Privado no siempre es sinónimo de eficiente.

El sistema energético argentino enfrenta tensiones. Hay atraso tarifario. Hay presión por inversiones. Hay déficit operativo. En ese contexto, la relicitación busca ordenar. Pero sin acuerdos, cualquier esquema puede fracasar.

La consulta a las provincias será una prueba de fuego. Si se cumple, puede fortalecer el proceso. Si se posterga, agravará el conflicto. El tiempo político no siempre coincide con el técnico.

Las represas también son símbolo. Representan la modernización de la región. Fueron construidas durante décadas pasadas. Cambiaron el paisaje y la economía. Pero también provocaron impactos negativos. Las voces locales no fueron escuchadas entonces. Ahora reclaman no repetir la historia.

El nuevo modelo debería incluir criterios ambientales. Las comunidades ribereñas necesitan participación. El desarrollo energético no puede ignorar lo social. Sin territorio, no hay energía. Sin gente, no hay país.

El canon debe ser discutido con datos reales. Las provincias no quieren porcentajes arbitrarios. Quieren conocer ingresos, costos, proyecciones. La transparencia es parte del reclamo. Y también una obligación del Estado.

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La administración del agua no puede quedar librada al mercado. Los operadores priorizan rentabilidad. Las provincias deben proteger el recurso. No alcanza con una silla en una mesa. Hace falta poder de decisión real.

La Nación busca enviar señales positivas al mercado. Quiere mostrar que hay plan. Que hay cronograma. Que hay reglas. Pero las provincias tienen otros tiempos, otras prioridades, otras urgencias.

El debate por las represas es un espejo. Refleja las tensiones del modelo federal. La distancia entre el centro y la periferia. El poder central y los territorios. La energía muestra el mapa real del país.

Los próximos días serán claves. Si hay consulta, habrá acuerdos. Si no, vendrá el conflicto. El agua no es una empresa. Tampoco un negocio. Es un bien común. Y debe tratarse como tal.