Tiene 51 causas y está libre: Indignación en Puerto Madryn por decisión judicial

Policiales04/04/2025

Yamila Flores.

La inseguridad volvió al centro del debate en Puerto Madryn tras la liberación de dos hombres con un amplio historial delictivo. El hecho ocurrió el sábado 30 de marzo por la tarde, cuando una vecina notó movimientos extraños en una vivienda ubicada sobre la calle Tomás Espora. Rápidamente alertó al centro de monitoreo, que activó el protocolo de emergencia y envió un móvil policial a la zona.

La Policía llegó al lugar en pocos minutos y sorprendió a los intrusos dentro de la propiedad. Ambos intentaban llevarse diversos elementos tras haber forzado la puerta principal. Fueron reducidos en el acto, sin ofrecer resistencia, y trasladados a la comisaría local. La intervención se realizó en flagrancia, es decir, con los sospechosos en plena acción.

Los detenidos fueron identificados como Yonatan Omar Williams y Emanuel Andrés Williams, ambos con un amplio historial delictivo. Según la Fiscalía, los acusados registran un total de 51 causas previas por diferentes delitos, lo cual agrava su situación procesal. Esa información generó impacto entre los presentes en la audiencia judicial.

El Ministerio Público los imputó formalmente por tentativa de robo y solicitó que permanezcan detenidos. La fiscalía argumentó que la gravedad del hecho, sumada al extenso prontuario, justificaba la prisión preventiva. Además, reforzó su posición destacando la flagrancia del arresto y la posibilidad concreta de reincidencia.

Durante la audiencia, la defensa no se opuso al pedido de la Fiscalía. Pese a eso, la jueza penal Yamila Flores resolvió que no existían elementos suficientes para aplicar la medida de coerción más gravosa y ordenó la libertad inmediata de los acusados mientras se sustancia el proceso.

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“No hay fundamentos sólidos para justificar la prisión preventiva”, expresó la magistrada en su fallo. Consideró que no había riesgo de fuga, ni peligro procesal, ni elementos que indiquen una posible obstrucción a la investigación. Esa decisión generó un profundo malestar en la comunidad.

Vecinos y usuarios de redes sociales expresaron su indignación por la resolución judicial. Muchos se preguntaron cómo es posible que personas con 51 causas continúen en libertad. Otros cuestionaron al sistema penal por su “puerta giratoria” y su escasa efectividad para frenar la reincidencia.

“¿Qué más tiene que pasar para que vayan presos?”, escribió una vecina en Facebook. En Twitter, las críticas se multiplicaron bajo el hashtag #MadrynInseguro, donde se reclamaron sanciones más duras y un control judicial más firme. La decisión judicial reavivó el debate sobre seguridad y justicia.

El Ministerio Público Fiscal anunció que apelará la medida. Buscará revertir el fallo y lograr que los imputados vuelvan a prisión. Desde el entorno judicial, algunos actores reconocieron el clima de tensión creciente y aseguraron que las garantías procesales no siempre se interpretan del mismo modo.

La vivienda afectada quedó con daños visibles. La puerta fue forzada con una barreta y los acusados habían preparado bolsas con pertenencias de valor. La rápida llegada del patrullero evitó que lograran escapar. La vecina que hizo la denuncia fue clave para la detención.

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Los acusados tienen antecedentes por robos, hurtos y delitos contra la propiedad. Varios expedientes registran hechos violentos, aunque no se usaron armas en esta oportunidad. La Fiscalía considera que existe un patrón de conducta delictiva repetida que debería pesar en la evaluación del riesgo procesal.

Desde la Policía destacaron la intervención del centro de monitoreo. El sistema permitió actuar a tiempo y evitar el robo. También destacaron la colaboración ciudadana. “La seguridad es una tarea compartida”, dijeron desde la fuerza en un breve comunicado tras el hecho.

La jueza Flores sostuvo que la libertad no impide el avance del proceso. Indicó que los imputados deberán cumplir con medidas sustitutivas y presentarse regularmente ante la Justicia. En caso de incumplimiento, se podría revertir la decisión y ordenar la detención inmediata.

El barrio donde ocurrió el hecho expresó su preocupación. Vecinos aseguraron que ya hubo robos similares en la zona. Algunos organizaron grupos de WhatsApp para reforzar el control vecinal. También pidieron más patrullajes y cámaras de vigilancia.

La decisión judicial expuso una grieta entre la sociedad y el Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público insistió en la necesidad de prisión preventiva, la jueza priorizó las garantías constitucionales de los imputados. La tensión entre ambas miradas volvió a quedar expuesta.

El debate por la reincidencia tomó fuerza en el Concejo Deliberante. Algunos ediles plantearon su preocupación y pidieron informes al Ministerio de Seguridad. También impulsarán reuniones con la Justicia para analizar casos similares y buscar respuestas institucionales.

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La causa sigue en trámite y aún no se fijó fecha para la próxima audiencia. Mientras tanto, los acusados permanecen en libertad, bajo estrictas condiciones de presentación. Si incumplen alguna de ellas, podrían ser detenidos de inmediato.

El Ministerio Público evalúa sumar otras causas conexas. Al parecer, habría coincidencias con hechos anteriores en la misma zona. Si eso se confirma, podrían agravar la imputación y aumentar la presión sobre los acusados.

La fiscalía insistirá en que el historial delictivo es motivo suficiente para aplicar una medida más firme. Planteará que el riesgo de fuga y la posibilidad de reincidencia son altos. También apelará a la protección de la sociedad como bien jurídico superior.

Puerto Madryn enfrenta una ola de robos que inquieta a la comunidad. Aunque los hechos violentos no son mayoría, la frecuencia de intentos de robo y hurtos genera una percepción de inseguridad creciente. Las autoridades buscan evitar un mayor deterioro del tejido social.

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La participación ciudadana fue clave en este caso. La llamada oportuna de una vecina permitió evitar el robo y detener a los implicados. Esa acción refuerza la necesidad de construir vínculos entre vecinos, monitoreo urbano y fuerzas de seguridad.

El sistema judicial sigue bajo la lupa. Cada decisión que libera a un reincidente genera tensión. Muchos vecinos no entienden los criterios. La falta de condenas firmes y las demoras judiciales profundizan la desconfianza.

La ciudad vuelve a discutir los límites de la Justicia. Muchos se preguntan si las garantías protegen a los ciudadanos o a los delincuentes. Otros piden reformas procesales. La discusión continúa abierta.

El caso Williams refleja una problemática más amplia. No es un hecho aislado. La justicia enfrenta desafíos estructurales. El sistema necesita más recursos, más personal y decisiones que tengan impacto real en la sociedad.

Mientras tanto, la comunidad espera una respuesta. La bronca no cede. La sensación de impunidad crece. Los vecinos exigen seguridad y justicia. Los acusados caminan libres. La desconfianza también.