García Mansilla
Manuel García-Mansilla, recientemente designado por decreto en comisión como ministro de la Corte Suprema por el presidente Javier Milei, atraviesa un escenario inédito y de alta complejidad jurídica. Luego del rechazo de su pliego en el Senado por una amplia mayoría de 51 votos negativos sobre 72, el jurista decidió hacer una presentación formal ante sus colegas para consultarles si debe continuar en funciones o presentar su renuncia.
Según trascendió desde fuentes judiciales, García-Mansilla “asumió una responsabilidad institucional y se comportará de ese modo”, por lo que esperará la evaluación del resto de los jueces del alto tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La incógnita gira en torno al estatus de su investidura tras la negativa del Senado, ya que su nombramiento fue realizado en comisión y se debate si puede continuar hasta febrero de 2026, cuando vence el período legislativo.
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El asunto se vuelve aún más espinoso por la cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien hizo lugar a una presentación de varias ONGs y suspendió por tres meses el ejercicio del cargo de García-Mansilla, hasta que se determine si el decreto presidencial que lo designó –junto al juez Ariel Lijo– se ajusta a la Constitución.
El actual integrante de la Corte había jurado apenas el 27 de febrero y ya debía resolver casos sensibles. Uno de ellos es la recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió apartarlo del análisis de su recurso de queja contra la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Sin embargo, fuentes cercanas al constitucionalista afirman que una recusación de este tipo debe ser tratada por el cuerpo completo y no por decisión individual del ministro implicado.
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En paralelo, la Corte celebró este jueves una reunión de acuerdo sin tomar determinaciones sobre causas de alto voltaje político, como la de Cristina Kirchner. Los magistrados estuvieron atentos a lo que ocurría en el Congreso, ya que el pliego de García-Mansilla, al igual que el de Ariel Lijo, fue rechazado en medio de fuertes tensiones institucionales.
La situación escaló cuando la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti denunció públicamente a Ricardo Lorenzetti por presuntas amenazas al bloque K. Según sus declaraciones, el juez habría presionado para que se vote a favor de Lijo con la advertencia de que, en caso contrario, aceleraría una resolución judicial desfavorable para la expresidenta. El hecho fue mencionado en base a una nota publicada por Clarín.
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Mientras tanto, la Corte avanzó con más de 70 causas sin impacto político. Una de ellas fue la resolución del recurso extraordinario de la AFIP en la causa Acevedo c/ Manufactura Textil San Justo, cuya sentencia fue revocada y se ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
Fuente: Clarín / Infobae / NA
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