Amenazaban a beneficiarios de planes sociales para asistir a marchas o perdían el beneficio

La Justicia federal se encamina a elevar a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, quien será juzgado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, amenazas coactivas y extorsión. La investigación, conducida por el juez Sebastián Casanello, determinó que el dirigente y su entorno armaron una estructura destinada a desviar fondos públicos y a condicionar la voluntad de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo al expediente judicial, el Polo Obrero manejaba más de 65 mil planes sociales del programa Potenciar Trabajo y exigía a los beneficiarios entregar parte del dinero y asistir obligatoriamente a marchas y actividades organizadas por la agrupación. Quienes no cumplían eran sancionados con descuentos o directamente excluidos del beneficio.

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El juez detalló que el esquema incluía una compleja red de empresas y cooperativas vinculadas a la organización, a través de las cuales se simulaban gastos para justificar el uso de los fondos. Entre ellas figuran firmas apócrifas como Coxtex, imprentas vinculadas al Polo y hasta una empresa de publicidad contratada para campañas del Partido Obrero. Solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024, se calcula que se desviaron más de $313 millones, según la cotización oficial.

Uno de los elementos clave hallados en los allanamientos fue un cuaderno titulado “Movilizaciones Rivadavia 1”, donde se registraban asistencias a actos y marchas, con observaciones como “media marcha” o “tarde”, lo que muestra el nivel de control interno ejercido sobre los beneficiarios. También se encontraron planillas con nombres, anotaciones sobre compromiso político y mensajes de WhatsApp con instrucciones para presionar a los integrantes de las asambleas.

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Junto a Belliboni, también serán juzgados Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez, entre otros dirigentes. Todos están acusados de formar parte de una “matriz delictiva” que utilizó como herramienta la necesidad extrema de miles de personas para sostener un aparato político.

Mientras se espera la resolución final del juez Casanello para la elevación a juicio, desde la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y los querellantes ya se presentó el pedido formal para avanzar con el proceso oral.

Fuente: TN