


El Gobierno oficializó la recuperación estatal del Corredor Vial 18, un eje clave que une Argentina con Brasil y Uruguay a través de las rutas nacionales 12, 14 y 174, conocida como la “Ruta del Mercosur”. La decisión llegó luego de que venciera el contrato con la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), que se mantuvo en funciones por más de tres décadas mediante prórrogas sucesivas desde 2014.
La resolución 565/2025 de Vialidad Nacional dispuso la toma de posesión del corredor, generando un fuerte impacto laboral: 500 empleados quedaron desvinculados, según denunció la empresa concesionaria.
“El despido de 500 trabajadores que lamentablemente quedarán sin trabajo por la falta de continuidad de la operación por parte de la DNV, y sin indemnización”, indicó CRUSA en un comunicado, responsabilizando al Estado por no garantizar la continuidad de los puestos.
Desde Vialidad Nacional, en cambio, aclararon que “la explotación es por cuenta y riesgo exclusivo de la empresa concesionaria” y que no existe responsabilidad laboral directa del organismo sobre los empleados afectados.
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A la vez, el organismo denunció que CRUSA incumplió compromisos contractuales por más de $60.000 millones, cifra que aún podría crecer tras la auditoría final. “La empresa sabía desde 2014 la fecha de finalización y recibió múltiples prórrogas para regularizar su situación”, indicaron fuentes oficiales.
Como medida inmediata, se levantaron las barreras de peaje en cinco estaciones: Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada, y se activó un plan de emergencia para asegurar la transitabilidad, señalización y tareas urgentes de mantenimiento.
En medio de un contexto tenso, CRUSA advirtió sobre los riesgos de liberar el paso sin cobertura operativa: “No es una solución levantar las barreras sin ninguna asistencia ante accidentes”, remarcaron.
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El Gobierno, por su parte, asegura que la gestión estatal será provisoria hasta agosto, cuando se espera adjudicar la nueva concesión, actualmente en proceso licitatorio. Sin embargo, la empresa cuestionó también este proceso: “Los pliegos no definen tarifas ni condiciones claras para un esquema concesionado de entre 20 y 30 años”.
La Ruta del Mercosur es uno de los corredores más estratégicos del país, clave para la integración regional y el comercio internacional. La transición de su administración se da en medio de una fuerte disputa entre el Estado y la empresa saliente, con consecuencias sociales, económicas y legales que aún se están dimensionando.
Fuente: DP







